Unió Democràtica afronta a partir de este viernes el segundo juicio relacionado con supuestas irregularidades en su financiación. Después de la condena por el caso Pallerols, ahora ha llegado el turno del caso de la Fundación Catalunya i Territori, afín a la formación democristiana.
El ex presidente de esta fundación y antiguo responsable de Consumo de la Generalitat, Josep Boqué, se sienta en el banquillo de los acusados junto con dos ex vocales y responsables del grupo empresarial IMS, un empresario y un hombre cercano a la fundación. Se les acusa de seis delitos: estafa continuada, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, insolvencia punible, administración desleal y delito contra Hacienda. Unió es responsable civil subsidiario en esta causa.
La Fiscalía señala que los acusados delinquieron actuando en una trama societaria de dos niveles: IMS, por un lado, y 19 mercantiles administradas por testaferros, por otro. Los cargos de la fundación, supuestamente, se aprovecharon de esta condición para destinar fondos a IMS empleando facturas falsas. Se calcula que se desviaron casi 1,8 millones entre 2004 y 2007 .
Asimismo, la Fiscalía detectó que Unió percibió «un injustificado beneficio económico» que perjudicó a la fundación, porque no tuvo que pagarle el alquiler de varios locales y porque se cerró una compraventa de los inmuebles por un precio inferior al del mercado.
