«Si no hubieran tenido dinero, los franquistas no habrían podido pagar la guerra. Y por lo tanto no la habrían ganado. Se dedicaron a confiscar fincas y sobre todo dinero de los republicanos, que era la moneda de curso legal reconocida a nivel internacional«. Con esta sentencia Agustín Aranda, vocal de comunicación de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), explica el expolio que Franco llevó a cabo entre las filas republicanas para poder financiar la guerra del bando nacional.
El aparato franquista arrebató más de 7.700 millones de pesetas con un doble motivo: por un lado se minaba la moral de las zonas no ocupadas por el franquismo, puesto que depreciaban la moneda; y por otro lado, se intentó rebajar el valor de la peseta republicana en Europa, dado que esta era la única moneda de curso legal que se reconocía en valor oro, es decir, que tenía el aval del Banco de España. El régimen franquista todavía no había puesto en marcha su moneda.
DINERO PARA GANAR LA GUERRA
«En todos los territorios que se conquistaron se fue retirando el dinero, porque necesitaban capital y la única moneda legal que había era la peseta republicana». Entonces se llevaron el dinero y era el Banco de España quién respondía de su valor. Hicieron un recibo con un nombre curioso: Fondo de papel de moneda puesto en circulación por el enemigo. Un recibo que continúa vigente hoy, y que unas 800 personas están reclamando al gobierno. «Tenemos controlados un 11 millones de pesetas de la época, pero la confiscación subió a más de 7.000 millones, que ahora serían unos 11 millones en valor oro, es decir, aproximadamente unos 800 millones de euros», explica Aranda.
Una vez acabada la Guerra Civil, el gobierno de Franco prohibió tener dinero republicano y obligó a muchos ciudadanos a llevar el dinero al Banco de España, entidad que entregaba un recibo. Este resguardo, que ha pasado de padres a hijos, es el documento que testimonia que existía este dinero y que se podría devolver. Los afectados que reclaman lo que ya se conoce como dinero rojo piden una reforma de la ley de memoria histórica que reconozca el derecho a la restitución.
«Lo hicieron con los partidos y los sindicatos, a los cuales devolvieron el dinero y los bienes expoliados, ¿por qué no lo han hecho también con los civiles? A muchos les quitaron los ahorros de toda una vida que les habrían ayudado a empezar de nuevo. Dejaron a familias en la miseria para pagar los abusos del régimen», argumenta Aranda. En 1986 el gobierno devolvió a los partidos políticos y organizaciones sindicales los bienes confiscados por el franquismo, que se amparaba en la ley de responsabilidades políticas del 1939, pero ni una palabra sobre los bienes de las personas civiles. Desde entonces, silencio administrativo.
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