El derecho al aborto continúa siendo una de tantas asignaturas pendientes de Andorra si quiere convertirse en un Estado de derecho plenamente comparable con otros países desarrollados. A pesar de que cada año es considerable el número de andorranas que van a centros hospitalarios de fuera del país para interrumpir el embarazo, el gobierno no quiere mover ni un dedo para revertir la situación. Hay que tener en cuenta que el aborto está penado, tal y como lo recoge el Código Penal andorrano.
Uno de los impedimentos principales para la legalización es el peso determinante que tiene uno de los dos jefes de Estado: el copríncipe episcopal, que en reiteradas ocasiones ha amenazado con la renuncia si el gobierno y el Consejo General (Parlamento) dan su visto bueno a este derecho. Las leyes tienen que ser sancionadas por los copríncipes según la Constitución, que define el país pirenaico como un «régimen de Coprincipado parlamentario» (el obispo de la Seu d’Urgell y el presidente francés).
Esto obliga a otorgar ciertas atribuciones a la Iglesia -en tanto que una de las dos partes implicadas-, entre las cuales sancionar esta polémica ley en representación del estamento eclesial. Una ley que sitúa al obispo y a la institución que representa entre la espada y la pared.
A pesar de que la opinión pública andorrana cada vez está más concienciada y es partidaria de defender el derecho al aborto en los tres supuestos básicos (que el embarazo sea consecuencia de una violación, que suponga un grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer o por malformaciones del feto), el gobierno no tiene intención de hacer los cambios legislativos que harían falta y que, a la vez, pasarían por una reforma de la Constitución, refrendada por el pueblo andorrano en 1993.
INFORME DE NACIONES UNIDAS
Un informe de las Naciones Unidas del año 2013 recomendaba la despenalización del aborto, incluso cuando haya riesgos para la vida o la salud de la mujer embarazada. La interpretación del derecho a la vida en la Carta Magna se entiende como una limitación de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Además, el informe apunta una falta de acceso a los métodos modernos de anticoncepción para prevenir embarazos no deseados. Por todo ello, exhorta al Estado andorrano a despenalizar el aborto y facilitar el acceso en casos de riesgo grave para la vida de la madre, en casos de violación, incesto y malformaciones fetales graves.
La hipocresía que se da en el Principado es bastante evidente: a pesar de que la regularización del aborto no está prevista, la seguridad social andorrana, la CASS, está pagando abortos en el extranjero, un hecho «discriminatorio» que se tendría que regular para que todas las mujeres pudieran acceder, según afirma la presidenta de la asociación Stop Violencias, Vanessa Mendoza Cortés.
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