El año pasado, en su primer ejercicio cerrado de explotación, el aeropuerto Andorra-La Sede tuvo unas pérdidas de 750.000 euros. Para cubrirlas, según ha podido saber EL TRIÁNGULO, la Generalitat aportó 450.000 euros y el gobierno andorrano los 300.000 euros restantes.
Este ‘agujero’ se ha incementat este año con una partida de 168.990 euros que la entidad gestora, Aeropuertos Públicos de Cataluña, ha destinado adicionalmente el mes pasado al adjudicar a una empresa de Granollers los trabajos de mejora en los accesos a las instalaciones aeroportuarias para evitar desprendimientos, así como actuaciones que tienen como finalidad corregir el sistema de drenaje de las zonas de rodamiento y de las pistas.
En cambio, según la memoria oficial del año pasado, la aportación global del gobierno de Andorra fue de 800.000 euros y sólo 302.268 euros de la Generalitat de Cataluña. El coste del mantenimiento fue de 62.059 euros y los gastos de personal subieron hasta los 75.000 euros, y las de la dirección, 37.000 euros.
Los vuelos comerciales que están operativos a estas alturas son sólo servicios de aerotaxis, que acostumbran a usar personas adineradas. Según datos de la Generalitat, la mayoría de la actividad está relacionada con los vuelos de ultraligeros, las escuelas de vuelo y los trabajos aéreos. El 2015 había dos personas asalariadas al aeropuerto, además de una adjudicación a una empresa que ofrece servicio de operaciones y torre Afis con tres personas. También hay servicio de meteorología, con dos personas, y servicio de mantenimiento con una persona. Aparte, el personal de Aeropuertos de Cataluña apoya en otras tareas de aeronáutica, medio ambiente y comercialización.
CONVENIO CATALUÑA-ANDORRA
El día de su inauguración, el 8 de enero del 2015, también se firmó un convenio entre los gobiernos catalán y andorrano para mantener la infraestructura y promocionarla en los mercados turísticos. En el convenio, Andorra asumía la mitad del medio millón de euros anuales del coste de explotación y se establecía la creación de una comisión mixta que preparará los planes de trabajo bienales. El convenio, con una vigencia de cinco años, suponía un cambio en el gobierno andorrano, que hasta entonces no se había implicado económicamente en las obras del aeropuerto.
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