La segunda transición

Después de un año de impasse y dos elecciones, España comienza este mes de noviembre del 2016 una segunda transición. Si la dictadura se acabó poco después de la muerte de Francisco Franco y la transición postfranquista culminó con la Constitución de 1978, ahora hemos asistido a las exequias del primer régimen democrático, liquidado por la corrupción y los escándalos de derroche de los recursos públicos, y empieza un nuevo proceso de transición política que habrá que sellar, más adelante, con una reforma de la vieja Constitución.

En este contexto histórico, a Mariano Rajoy le toca jugar, mutatis mutandis, el papel de Adolfo Suárez. El reelegido presidente del gobierno es un personaje que mamó el aznarismo, del mismo modo que Adolfo Suárez mamó el franquismo, y que tendrá que pilotar, desde dentro, la segunda transición hacia una España definitivamente federal, definitivamente europea y definitivamente insertada en los códigos de conducta occidentales.

Los grandes protagonistas de la primera transición y del primer régimen democrático postfranquista han quedado enterrados bajo toneladas de cemento:

· El rey Juan Carlos I, salpicado por los escándalos de su amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein y de su yerno Iñaki Urdangarin, optó por abdicar anticipadamente en su hijo Felipe antes de que acabaran de salir más trapos sucios al Sol

· Felipe González se ha convertido en un lobbista internacional y su prestigio ha quedado muy tocado después de ser un consumado profesional de las puertas giratorias

· Jordi Pujol ha visto frustrado su proyecto de crear un régimen dinástico absolutista en Cataluña y su biografía ha quedado manchada para siempre por los affaires de corrupción de su partido y de su familia

· José María Aznar y su guardia de korps (Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Rita Barberá, Paco Álvarez Cascos, Jaume Matas…) están liquidados después de destaparse la trama de corrupción del caso Gürtel y de sus derivadas territoriales

· ETA ha depuesto irreversiblemente las armas y las bombas

Este otoño del 2016 empieza un nuevo tiempo en el Estado español, donde hay mucho por hacer, mucho por cambiar, mucho por negociar y mucho por pactar. La fragmentación del arco parlamentario ha acabado configurando un bloque reformista formado por el PP, Ciudadanos y PSOE –al cual se pueden incorporar el PNV y Coalición Canaria- que tendrá que ser el encargado de impulsar la necesaria relectura y modernización de la vieja Constitución.

La mezcla de la crisis financiera especulativa –que ha provocado dolorosos efectos en la sociedad española (paro, desahucios, miseria, emigración…)- con el espectacular estallido de los casos de corrupción ha sido un cóctel explosivo que se ha cargado el régimen del 1978. Los nuevos partidos emergentes (Ciudadanos y Podemos) no han sustituido el bipartidismo, pero han conseguido acabar con las perniciosas mayorías absolutas y han creado un nuevo escenario político donde la negociación y el pacto resultan indispensables.

Después de la catarsis y la devastación, se impone la razón y la construcción. Mariano Rajoy continúa como presidente del gobierno, sí, pero nada ya será como antes. Si la primera transición se forjó con los Pactos de la Moncloa, ahora hay que trabajar en el establecimiento de un amplio consenso político alrededor del núcleo PP-Ciudadanos-PSOE para dar solución a los grandes problemas que obturan el progreso de España. Mencionaré unos cuantos:

· La limitación, por ley, de los mandatos de los cargos públicos

· La reforma de la ley electoral, en especial en el ámbito municipal, para evitar el mercadeo y el transfuguismo

· El fortalecimiento de la administración de justicia con más recursos y personal para garantizar su independencia y su agilidad

· La conversión del Senado en una verdadera cámara de representación territorial a la alemana

· Una precisa delimitación de las competencias entre los diferentes niveles de la administración (estatal, autonómica y municipal) con el objetivo de optimizar los recursos públicos y dar mejor servicio a la sociedad

· Una redistribución más equitativa del esfuerzo fiscal, de forma que las comunidades que más aportan a las arcas estatales no sean, a su vez, las más penalizadas, como pasa actualmente

· Un tratamiento específico de la cuestión catalana que supere el agravio provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó una parte del articulado de la reforma del Estatuto del 2005 aprobada en referéndum

· La transparencia en todas las decisiones de la administración pública, incremento de las tareas de fiscalización y castigo implacable contra corruptos y corruptores

Esta segunda transición que ahora empieza tiene que concretarse en una reforma de la Constitución de 1978 que, como es preceptivo, habrá que poner a referéndum de la población una vez esté ultimada. Pero este proceso constituyente sólo será factible a partir de una premisa indispensable: la buena voluntad constructiva por parte de la mayoría –las minorías disidentes siempre estarán y siempre merecen ser escuchadas con respeto- de la necesidad racional de llegar a consensos y a acuerdos.

No es ninguna locura ni ninguna traición que PP, Ciudadanos y PSOE, desde su propia identidad partidista, impulsen –de la ley a la ley- una reforma constitucional con el objetivo loable que la democracia española sea más limpia, más plural y más garantista. Estoy convencido que en este proceso que ahora empieza, el independentismo catalán de hoy encontrará, a través de la reflexión posibilista, otra manera de relacionarse, de entender y de entenderse, sin recurrir a la ruptura, con los hermanos y amigos que viven al otro lado del Ebro.

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