Seis meses como máximo. Ese es el plazo que tiene Iberpotash para presentar «un plan de ejecución concreto» que incluya las medidas que implementará en el Bages para recuperar los pozos y acuíferos contaminados por los escombros salinos de su actividad minera.
La resolución, adoptada por el magistrado del Juzgado penal número 1 de Manresa, forma parte de la ejecución de la sentencia con la que tres directivos de Iberpotash -y la propia empresa como responsable subsidiaria- fueron condenados por delito ecológico.
El magistrado considera que la presentación del plan dentro de un plazo menor del que ha definido podría comportar omisiones e inconcreciones «considerando la extensión de la zona que se tiene que recuperar». Asimismo, insta a Iberpotash a proponer «la manera de evitar» que los residuos líquidos de los depósitos salinos «sigan entrando en las aguas subterráneas».
Por otro lado, solicita al Ayuntamiento de Santpedor que detalle los perjuicios económicos derivados de la imposibilidad del uso para consumo público de las aguas subterráneas contaminadas. Además, pide a los Agentes Rurales un atestado que recoja los perjuicios económicos sufridos por los propietarios de fuentes y pozos, y prevé la elaboración de un informe pericial que determine las responsabilidades civiles.
