En Sant Jaume de Llierca gobierna CiU. En el Consejo Comarcal de la Garrotxa, su comarca, también. Y en la Generalitat, los convergentes con ERC, que forman Junts pel Sí, el grupo parlamentario más grande. Pero el Ayuntamiento de este pueblo rechaza el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de desechos en la finca rústica de Can Coma de Baix, promovida por el Consejo Comarcal, y la lucha vecinal contra esta instalación ha llegado al Parlamento de Cataluña con 1.360 firmas bajo el brazo.
El pasado 29 de junio, representantes de la asociación de vecinos de Sant Jaume se reunieron con diputados de JxSí y la CUP por Girona, entre ellos los cabezas de lista respectivos, Lluís Llach y Benet Salellas, para promover una lucha que aglutina al gobierno municipal, la oposición y los habitantes, y que ha sumado incluso más firmas fuera -860- que dentro de este pueblo, donde viven 812 personas.
Cinco años de lucha
«La reunión fue muy bien, dentro de todo», explica Antoni Tomàs Pineda, el presidente de la asociación. «El problema es el Consejo Comarcal», a quien acusa de haber impuesto a Sant Jaume no sólo el albergar la planta, sino también una ubicación exacta particularmente desafortunada dentro del municipio, con el visto bueno de la Generalitat mediante la Agencia Catalana de Residuos.
Sostiene que intereses económicos y políticos impulsan el proyecto, y señala vínculos de facto entre Joan Espona, presidente del Consejo Comarcal de la Garrotxa y alcalde de Sant Joan les Fonts, y Jaume Espigulé, administrador de la sociedad inmobiliaria Rojau SL y dueño de los terrenos donde se pretende ubicar la planta. «Espigulé y el hijo de Espona hacen negocios», especifica Pineda. «En la memoria de la planta consta que el terreno vale 408.000 euros, diez veces más que su precio real», destaca cifrándolo en 40.000 euros.
También se reprocha a Espona que impulse el proyecto -congelado durante los últimos años por falta de dinero- a pesar de que en una consulta celebrada en 2011, cuando Sant Jaume iniciaba su lucha, los vecinos se opusieron. Votaron «257 en contra y 8 a favor de la planta», recuerda Pineda. Entonces, relata, la lucha «se concentraba más en el pueblo», pero este año han sumado apoyos procedentes de municipios cercanos, y han obtenido firmas principalmente en Tortellà, Montagut, Besalú, Argelaguer y Olot, cuando han visto revivir los planes sobre la instalación. La Agencia Catalana de Residuos, de hecho, ya ha anunciado que firmará pronto un convenio con el Consejo Comarcal de la Garrotxa para invertir un presupuesto máximo de 14 millones de euros.
Según destaca el presidente de la asociación de vecinos, «CDC ha quedado dividida» en la zona porque algunos alcaldes, como el de Besalú, apoyan su causa, pero la mayoría de los ayuntamientos convergentes «nos desean que perdamos» cuando se reúnen sus alcaldes.
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