En la primera reunión de la Mesa de emergencia en el ámbito de la Vivienda y la Pobreza Energética, impulsada por el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat ha dado a conocer que impondrá 18 multas de 10.001 euros a compañías proveedoras de electricidad y gas que cortaron el suministro a familias en situación de vulnerabilidad.
La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha abierto 88 expedientes, 70 de los cuales no se han resuelto con sanciones. Los 18 restantes tienen pendiente la ejecución de las sanciones impuestas por haberse incumplido la ley cortando servicios en casos de impago donde concurre la pobreza energética.
En cuanto al suministro de agua, el Gobierno catalán ha asegurado que espera firmar pronto un convenio con las empresas proveedoras para resolver los problemas de las familias amenazadas por la exclusión social.
La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha reconocido que no está resultado fácil alcanzar acuerdos con las suministradoras de gas y electricidad.
Endesa y Madí
El principal suministrador de electricidad en Cataluña es Endesa, que cuenta con una figura de lo más conectada con los últimos Gobiernos de la Generalitat. David Madí, el ex jefe de gabinete del ex presidente Artur Mas es el presidente del consejo asesor de la eléctrica en Cataluña.
