Dos novedades relevantes han surgido respecto a la instrucción de la organización de la consulta del 9N, por la que están imputados el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los ex consejeros Francesc Homs e Irene Rigau.
Por un lado, el magistrado que dirigía las investigaciones hasta ahora, Joan Abril Campoy, ha pedido una excedencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que asuntos como el del 9N serán asumidos a partir del 1 de julio por Francisco Valls Gombau, considerado un instructor más duro. Abril se dedicará sólo al ejercicio de la docencia en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Andorra.
Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se alargue la investigación sobre el 9N. Cuando casi hace seis meses que se instruye, reclama que se considere el caso de especial complejidad para que la instrucción dure un año más, hasta un límite máximo de 18 meses.
Según publica El Confidencial, en un escrito remitido el pasado 20 de mayo al TSJC argumenta que en el tiempo que quedaba para que se cumplieran seis meses desde que se inició la instrucción no daba tiempo «previsiblemente» a terminarla. Las actuaciones, según añade, durante un tiempo quedaron «paralizadas» a raíz de la consulta al Tribunal Supremo sobre la imputación de Francesc Homs, diputado en el Congreso y, por lo tanto, aforado.
