La permanencia del monumento franquista en Tortosa, en medio del río Ebro, ha motivado una demanda contra el Ayuntamiento de la localidad, presentada por un abogado madrileño, Eduardo Ranz Alonso, que argumenta que no retirarlo constituye un incumplimiento de la Ley de memoria histórica.
Según Ranz Alonso, el Ayuntamiento gobernado por Ferran Bel (CDC) no tomó las medidas oportunas para retirar objetivos o menciones conmemorativas de la dictadura. De hecho, se impulsó una controvertida votación en la que los tortosinos decidieron mantener el monumento y reinterpretarlo, en vez de retirarlo y museizarlo, que era la alternativa ofrecida por el consistorio.
El denunciante, además, señala que el Ayuntamiento de Tortosa no ha catalogado los vestigios de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco, como, según sostiene, marca la ley.
Ranz Alonso quiere que la consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Meritxell Borràs, el alcalde Bel y el secretario técnico del consistorio sean citados para declarar como testigos.
