No nos engañemos. El tratado de libre comercio (TTIP) que negocian los EE.UU. y la Unión Europea es, como el despliegue de las armas nucleares, secreto. Porque sólo en secreto se habla de latrocinios. Pero, como estamos en democracia (formal) no se puede admitir tal cosa. De ahí, la idea de habilitar un cuartito de seis metros cuadrados en el Parlamento europeo para que los representantes de la ciudadanía puedan consultar los papeles (seguramente no todos), a puerta cerrada ¿Qué se puede esperar de unos gobiernos que tratan a sus parlamentarios como si fueran delincuentes?
Reflexiona Johathan Littel en Las benévolas sobre el crimen de Estado, que se diferencia del resto porque no responde a deseos de venganza, ánimo de lucro, trastornos psicopáticos o cualquier otro impulso individual sino que, por el contrario, se trata de una decisión burocrática. De ahí, la excusa de quienes, por ejemplo, participaron, en los crímenes del nazismo. «Yo sólo obedecía órdenes», repetía Adolf Eichmann cuando fue juzgado. Y era verdad, porque (teóricamente) la máquina de matar desbordaba sus más recónditos impulsos, de otro lado, seguramente innombrables.
Algo de esto, salvando las distancias, debe estar ocurriéndoles a los funcionarios que se dedican a idear cómo ocultar información a la ciudadanía de un asunto tan trascendente como el tratado de libre comercio. ¿Quién decide que el TTIP o sus partes sustanciales deben ser secretas? ¿Es que tiene algo, mucho o todo que ocultar? ¿Si fuera todo bondades, como proclaman sus mentores, por qué esconderlo? ¿En qué cabeza cabe la idea despojar a los representantes de la ciudadanía de móvil, papel, bolígrafo y reloj para entrar al «cuarto oscuro», donde hipotéticamente se guardan copias de los documentos?
¿Cuántas horas se habrán dedicado a estudiar qué papeles pueden ser enseñados y cuáles no? ¿Cuántas personas habrán deliberado sobre la forma de guardarlos? ¿Cómo se habrá analizado la fórmula para acceder a ellos? ¿Uno a uno? ¿En grupo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Se exige confidencialidad? ¿Se castiga a los que no la cumplan? ¿Qué castigo?…
«Para acceder a la reading room (como así se denomina el cuarto) firmas un documento de confidencialidad de 14 páginas, que se titula «Consignas de Seguridad» y un funcionario te saca los documentos que el eurodiputado pide con antelación. El tiempo máximo de estancia es de dos horas y durante este lapso el funcionario te controla permanentemente», explica el electo Ernest Urtasun, de ICV, que ha pasado por el trance. Todo esto, tras una decisión de apertura, propiciada por el clamor de la calle contra la forma en que se está negociando el tratado. Hasta ahora sólo podían ver los documentos los ponentes de informes parlamentarios y los coordinadores de la Comisión de Comercio Internacional. Siete personas.
Como es natural, los burócratas encargados de mantener en el anonimato las negociaciones se cuidan mucho de dejar ver sólo lo que ya es público, como las ofertas europeas en distintos temas. Y, rizando el rizo, cuidan de que los textos se refieran sobre todo a cuestiones técnicas y en inglés. Así, como el parlamentario interesado no puede acceder al cuarto oscuro acompañado de algún traductor o técnico, pues mejor. El documento que firman los parlamentarios incluye consecuencias penales en caso de filtración pero, en realidad, les da igual. Porque de lo que se trata, como ocurre con los papeles que hay que rellenar para entrar en EE.UU. (con preguntas como «¿es usted drogadicto, homosexual, comunista o padece alguna grave enfermedad?», a las que, obviamente, se responde negativamente), no es lo que firmas sino de hacer valer que has mentido si luego te pillan en algo. Así se protege en salud el artilugio burocrático.
Durante la preparación de las negociaciones del TTIP, entre finales de 2012 y principios de 2013, el Departamento de Comercio de la Comisión Europea fue presionado por 298 «partes interesadas», de las cuales 269 correspondían al sector privado. El 92% de las reuniones que la Comisión tuvo a puerta cerrada fue con corporaciones de presión empresariales. Es decir, por cada cita con un sindicato o asociación de consumidores se producían 20 con empresas y patronales.
Ante este panorama y, a diferencia de lo que ocurrió con los crímenes nazis, sólo cabe el juicio político. Porque las decisiones burocráticas son políticas y los actos de los burócratas responden a intereses políticos. Reducir la responsabilidad en la toma y ejecución de decisiones a mera cuestión individual oculta el fondo de la cuestión. El cuarto oscuro del TTIP no es la ocurrencia de alguien, sino expresión (altamente significativa) de algo peor: del agujero negro en que se está transformando la democracia europea de la mano de los conservadores, conchabados con muchos socialistas, según el modelo político vigente en la República Federal de Alemania.
