En un contexto marcado por los diversos casos de presunta corrupción que se investigan en los juzgados, los contratos públicos se encuentran más que nunca bajo la lupa. Pero no sólo cantan determinadas adjudicaciones particularmente jugosas a empresas constructoras y tecnológicas por parte de la Generalitat. Ello se pone de manifiesto con el caso del despacho de abogados Cuatrecasas, fichado por el Gobierno catalán para velar por la gestión de la deuda pública.
El contrato más importante en este capítulo lo ha obtenido la firma madrileña Asesores Financieros Internacionales (AFI) para prestar, en el período 2016-17, el «servicio de consultoría sobre el endeudamiento de la Generalitat», incluyendo «planes de reordenación y refinanciación de la deuda «, adjudicado por 108.658 euros. El despacho Cuatrecasas, por su parte, ha obtenido un mucho menor, cifrado en 16.698 euros, otorgado el pasado 22 de diciembre, que tiene por objeto el «asesoramiento jurídico externo sobre deuda pública y operaciones financieras de la Generalitat y su sector público empresarial y las tareas de supervisión en materia de mercados de valores».
Así pues, la Generalitat, se ha puesto en manos de un despacho de «confianza»… cuyo director hace un año que estaba pendiente de saber si debía ingresar en prisión por cometer ocho delitos fiscales (¡!). Emilio Cuatrecasas, finalmente, pactó con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalidad y aceptó su culpabilidad, eludiendo la cárcel: pena de dos años y multa de 1,5 millones de euros. El letrado, especializado en materia tributaria, se había deducido gastos personales como gastos de la empresa, mediante negocios simulados, para escaquear impuestos, y ha tenido que pagar 4,1 millones de euros para compensar a Hacienda.
Cuatrecasas, por otra parte, es una de las firmas contratadas por el Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid que, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, pagó por «trabajos ficticios» en la trama Púnica en tiempos del presidente Ignacio González. Estas tareas, supuestamente, se dirigían a mejorar la «reputación online» del presidente madrileño, cuya cuñada Pilar Cavero es socia de honor del despacho Cuatrecasas en Madrid.
Los contratos otorgados por el Canal de Isabel II a este despacho de abogados han totalizado más de 400.000 euros, publica el diario digital La Cuarta Columna. Según esta información, Cuatrecasas recibió cuatro contratos entre julio de 2011 y en septiembre de 2012 por diversas tareas de asesoramiento jurídico. En 2010, este bufete de abogados también había asumido el asesoramiento legal de la privatización de Telemadrid. Pilar Cavero firmó, desde Cuatrecasas, el ERE en el canal público que el Tribunal Supremo acabó tumbando. ¡A qué manos confía la Generalitat la salvación de sus deudas!
