Que la Generalitat retire las acusaciones civiles y penales de siete procesos abiertos contra activistas no es un gesto de Junts pel Sí con el entorno cupero. Es una contrapartida por salvar a Convergència del abismo a donde lo habrían llevado los comicios de marzo.
Una contrapartida insuficiente. La Generalitat y el Parlament mantienen las acusaciones particulares contra las ocho personas enjuiciadas por un delito contra las instituciones públicas, por la acción del 15 de junio de 2011 de rodear el parque de la Ciutadella, donde está la Cámara legislativa catalana.
La Audiencia absolvió inicialmente a los imputados. Tanto Montserrat Tura, la más malparada porque le pintaron la gabardina, como el resto de diputados acometidos, declararon que en ningún momento sintieron en peligro su integridad. Todos excepto los parlamentarios del grupo de CiU. Por eso, el Ejecutivo y el Parlament, junto con Manos Limpias y la Fiscalía, interpusieron recurso y el Supremo condenó a ocho de ellos a 3 años de prisión.
La sentencia «política» del Supremo, según el voto particular, reconoce como única representación ciudadana aquella canalizada por el Parlamento. ¿Y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a manifestarse y protestar? La sentencia del Supremo, explica el voto particular, condena a ocho personas que actuaron del mismo modo que el resto de los millares que se concentraron en la Ciutadella. Los Mossos no identificaron a los autores de las pintadas y de las agresiones verbales. Se condena pues a ocho personas por la conducta de una multitud.
(nota mental gubernamental: Evita las manifestaciones, porque si vas a una que acaba con disturbios podrás ser juzgado y condenado aunque no hayas sido el autor de ninguna falta o delito).
La multitud que rodeaba el Parlament protestaba, recordemos, contra la aprobación de los Presupuestos de los Recortes, que se acabaron aprobando y que se han traducido, como hemos visto cuatro años después, en el ahogo de los sistemas públicos de Educación y de Sanidad.
Si de verdad tenemos que construir un nuevo país, estaría bien que la Generalitat y el Parlament dejaran de ir de la mano de un sindicato de ultraderecha y de una Fiscalía que abandera la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza, y que pidieran la absolución de las ocho condenadas que estaban en la Ciutadella en representación de la mayoría de la población.
