El consejo de administración de la empresa municipal Informació i Comunicació de Barcelona (ICB) ha recurrido la sentencia que reconoce la cesión ilegal de cuatro trabajadores subcontratados por BTV y posteriormente despedidos, y que obliga a ICB a incorporarlos a la plantilla y a abonarlos las diferencias salariales. Con esta decisión, el consejo no sólo ignora el pronunciamiento favorable del pleno municipal, sino que también desautoriza a la alcaldesa, Ada Colau, que se había mostrado partidaria de no recurrir ninguna sentencia y de incorporar a ICB a los trabajadores externalizados a medida que fueran ganando los juicios.
Este conflicto laboral se ha convertido en una nueva pesadilla para BComú, que ve como la televisión municipal se ha acabado convirtiendo en otro escenario de confrontación política. El consejo de administración, que preside el ex diputado del PSC y decano de la Facultad de Comunicación Blanquerna, Josep Maria Carbonell, se escogió el año pasado durante el mandato de Xavier Trias y parte de sus miembros están en la órbita convergente, como Vicenç Villatoro e Isona Passola. El resto son Francesc Xavier Sánchez, Carles Bosch y Carlos Nieto, este último a propuesta del PP y a quien los trabajadores de BTV acusan de imponerles los bloques electorales.
Apoyo del pleno
El 27 de noviembre pasado, el pleno del Ayuntamiento dio el visto bueno a la propuesta de BComú de no recurrir la sentencia que daba la razón a los trabajadores de Antena Local, la productora de Mediapro, que fueron despedidos en julio después de años trabajando para BTV. Ningún grupo votó en contra y sólo CiU y PP se abstuvieron. El gesto del pleno, que ejerce como junta de accionistas de ICB, fue muy bien recibido por los trabajadores que llevan años denunciando su precariedad laboral.
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