La corrupción instalada en Catalunya no tiene quién la pare, es endémica y adopta fórmulas inverosímiles. Un abogado de Barcelona se ha puesto en contacto con EL TRIANGLE para recordarnos una nueva modalidad de «mordida» que ha prosperado, de unos años acá, en los entornos de la Generalitat convergente. Como pasa a menudo, no se sabe muy bien si el importe del racket recaudado va a parar a las arcas del partido o bien directamente a los bolsillos de quienes dicen actuar en nombre de CDC o bien se reparte a medias.
Además de la conocida trama del 3% en la adjudicación de contratos y obras públicas, que investiga el juez del Vendrell, Josep Bosch, también funciona, en paralelo, una organización de extorsión política que se ha especializado en el ramo de las expropiaciones. Cuando la administración emprende obras públicas -una carretera, un equipamiento, una cañería…- emplea el instrumento legal de la expropiación forzosa para agilizar los trabajos. La Ley establece que esta expropiación se tiene que hacer de acuerdo con el pacto y pago de un justiprecio. En el supuesto de que no haya avenencia por parte del propietario afectado, el conflicto se dirime en los Juzgados Provinciales de Expropiación, presididos por un magistrado.
La gravísima crisis de las finanzas de la Generalitat ha hecho que, en los últimos años, se hayan ido acumulando numerosos expedientes de expropiación que ya se han ejecutado, pero que los propietarios todavía no han cobrado, a pesar de que la Ley de expropiación forzosa establece un plazo máximo de seis meses para pagar la indemnización. Es decir, los terrenos se han ocupado, las obras están hechas y los titulares de las fincas invadidas no han recibido el importe del justiprecio acordado.
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