El plan de mejora urbana del centro comercial Heron City que permitirá aumentar la superficie comercial actual, la ampliación del edificio que Zara tiene en el paseo de Gràcia o la construcción de una gran tienda de ropa de H&M en el antiguo edificio de la Generalitat son algunos de los proyectos aprobados durante el gobierno de Xavier Trias gracias al abuso del silencio administrativo. Después de haber pasado este otoño por el trago que supone darles el visto bueno definitivo a pesar de estar en contra, el gobierno de Ada Colau ha decidido elaborar un protocolo para que esta figura jurídica legal, pero profundamente antidemocrática si se utiliza mal, deje de ser un coladero de iniciativas urbanísticas privadas polémicas.
Interés público
La idea del consistorio es poner todos los impedimentos para evitar que la tramitación de planeamientos urbanísticos y licencias que anteponen el interés privado al público se acabe aprobando sin debate por la puerta trasera como pasó durante el mandato de CiU. El olvido malintencionado de Trias no sólo facilitó el aterrizaje de marcas multinacionales en espacios de Barcelona ya saturados, como es el paseo de Gràcia. También favoreció la construcción de hoteles como el que el ex vicepresidente económico del Barça Xavier Faus proyecta muy cerca del templo de la Sagrada Familia. Según la regidora de Urbanismo, Janet Sanz, el objetivo es «mejorar la transparencia y facilitar la participación de todos los grupos municipales en la toma de decisiones y en la aplicación del modelo de ciudad que se ha definido».
La figura del silencio administrativo contemplada en el régimen jurídico de la administración pública catalana es una herramienta creada con el objetivo de dar seguridad jurídica al ciudadano ante las instituciones porque fija cuándo se da por acabado un procedimiento independientemente de que la administración se haya pronunciado o no al respecto. En resumen, es una forma de evitar la desesperante respuesta del «vuelva usted mañana» que tiene como contrapartida que se aprueben proyectos en contra del parecer del Ayuntamiento a pesar de que es el máximo responsable de gestionar urbanísticamente la ciudad.
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