A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llegará en los próximos días una denuncia con la que la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia solicita la suspensión urgente del real decreto del Gobierno español que dio vía libre a la indemnización que concedió a la concesionaria Escal UGS a raíz de la hibernación del proyecto Castor.
Según esta denuncia, dirigida contra el Ministerio de Industria y Enegas, el pago contraviene las normas de regulación de los precios, trasladando el gasto de lo que consideran una mala gestión al consumidor, sin que lo haya consentido y mediante una tercera empresa (Enagas). Además, señala la existencia de cláusulas abusivas que privilegiaron la indemnización a Escal, propiedad en un 66,67% de ACS.
A raíz de la hibernación del proyecto Castor, Escal UGS fue la receptora de una indemnización que pagarán los consumidores en sus facturas durante 30 años. Para pagar esta cantidad, el Gobierno emitió a nombre de Enagas, participada por el Estado, derechos de cobro a 30 años para cubrir la deuda y los cedió a la banca.
La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia alerta que la indemnización por el Castor, 1.350,7 millones de euros con un interés del 4,27% anual, se notará en el recibo del gas a partir de enero de 2016, con importes añadidos como los costes de mantenimiento de la hibernación.
Mientras tanto, el Juzgado número 4 de Vinaròs sigue indagando en la relación entre los terremotos y las inyecciones de gas en el almacén Castor. Según ha declarado en sede judicial esta semana Recaredo del Potro, presidente del consejo de administración de Escal, la actividad sísmica y las inyecciones sólo coincidieron. Informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en cambio, relacionaron directamente las inyecciones de gas con los temblores registradas el septiembre de 2013.
