El juez ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza del tesorero convergente, Andreu Viloca, a quien la Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.
Las personas detenidas este miércoles en el marco de la operación Petrum III se han negado a declarar ante la Guardia Civil y se ha iniciado su traslado al Juzgado número 1 de El Vendrell, que lleva el caso de la la supuesta trama de comisiones ilegales del 3% a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Ocho de los detenidos han dormido a las dependencias de la Guardia Civil en Tarragona y dos más, en El Vendrell, por un problema de falta de espacio.
Los detenidos son Andreu Viloca (el actual tesorero de CDC y administrador de la Fundación CatDem), Josep Antoni Rosell (director general de Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya), Carles del Pozo (secretario del patronato de CatDem y último gerente de CDC), además de Anna Dolors Benítez (empleada de la administración de Convergència) y seis empresarios: Xavier Tauler (exconsejero delegado de Copisa), Jordi Soler (consejero delegado del Grup Soler), Juan Luis Romero (presidente de Rogasa), Antoni García Bragado (responsable de TEC4), Sergio Lerma (directivo de Oproler Madrid) y Josep Manel Bassols (de Oproler Barcelona y exalcalde convergente de Anglès).
A la lista se ha sumado Jordi Duran (de Urbaser, filial de ACS), que se encontraba en Cuba cuando se puso en marcha la operación y ha sido detenido al aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas este jueves. Del Pozo, Benítez y García Bragado han quedado en libertad y serán citados para declarar como imputados por el juez. Los seis detenidos el miércoles restantes declaran en el juzgado este viernes.
