Los votos a favor del PP, UPYD y UPN en el Congreso de los Diputados han aprobado esta semana una enmienda de la Ley de Montes que permite a los Gobiernos autonómicos el cambio de uso del suelo quemado sin tener que esperar 30 años, restricción prevista por la anterior legislación sobre esta materia.
Esta posibilidad, no obstante, está sujeta a condiciones: tienen que concurrir «razones imperiosas» de interés público para efectuar el cambio de uso y se tienen que tomar medidas compensatorias que recuperen una superficie forestal igual que la quemada.
La ley, que afecta a la superficie de España considerada suelo forestal -más de un 54% del total-, ha recibido las críticas de los colectivos ecologistas, que consideran que favorece a intereses privados (dos terceras partes de la superficie forestal se encuentran en manos privadas). Asimismo estos colectivos denuncian que el Gobierno español pretende «desregular y eliminar» las limitaciones al desarrollo de determinadas actividades económicas y urbanísticas.
