El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs ha imputado a 18 personas por la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales y de prevaricación medioambiental relacionados con posibles irregularidades en la tramitación de la concesión de la explotación del almacén de gas Castor, un proyecto que provocó más de un millar de seísmos.
La causa se ha abierto gracias al impulso de la Fiscalía, cuya denuncia tenía en su punto de mira a los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio ambiente y del Ministerio de Industria, así como a los de la concesionaria Escal UGS, participada en un 66,67% por el grupo ACS, que domina Florentino Pérez. De hecho, ha trascendido el nombre de Recaredo del Potro, presidente de Escal, como el de uno de los 18 imputados, entre los cuales también figuran miembros del consejo de administración de esta empresa.
