La exclusión del sistema sanitario provocada por el Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy afectó a más de 870.000 personas, pero la propuesta de Ana Mato, entonces y hasta hace poco ministra de Sanidad, para no dejarlos sin protección ha sido, también en términos de acogida, una chapuza.
Mato y el Gobierno ofrecieron a los excluidos, muchos de ellos personas inmigradas sin permiso de residencia, la contratación de seguros médicos con precios que oscilaban entre los 60 y los 157 euros mensuales, pero sólo 489 personas se han apuntado como beneficiarias de este parche en forma de convenio especial público, según ha informado el mismo Gobierno del Estado al diputado de Amaiur Jon Iñarritu, revela Eldiario.es. El propio Ejecutivo no ha facilitado el dato actualizado de las tarjetas sanitarias retiradas a extranjeros residentes en España, que en un principio se cifraba alrededor de las 873.000.
La maniobra del Gobierno del Estado recibió fuertes críticas, dado que arruinaba la universalidad y la gratuidad de la sanidad pública, y el parche ofrecido confirmaba la desigualdad en la atención sanitaria y representaba una alternativa más cara que algunos seguros privados.
No ha sido sólo una chapuza por la falta de interés de los ciudadanos excluidos en acogerse a la fórmula propuesta por el Gobierno español. En Catalunya, ni siquiera se ha regulado el acceso a los citados convenios especiales, de forma que los excluidos en su territorio no se pueden acoger a ellos.
