Antoni Vives, regidor de Hábitat Urbano de Barcelona y mano derecha del alcalde de la capital catalana, Xavier Trias, sale retratado en el informe de la Oficina Antifraude de Catalunya donde se analizan posibles irregularidades en la concesión de Marina Port Vell.
El Confidencial, que ha tenido acceso a este documento, publica que Antifrau cuestiona muy en particular la actuación de Vives, entre las de otros responsables municipales. En concreto, un fragmento del informe reproducido por ese digital expone que «En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, la actitud de los responsables municipales, en concreto la del señor Antoni Vives, fue cuestionada desde el principio al haberse preocupado más como vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) por los intereses particulares de Salamanca Nine LTD que por el interés público, que como tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y regidor de Habitat urbano se presume que defendía».
En otro fragmento se indica que «La segunda persona que aparece directamente afectada en los hechos es Antonio Vives, concejal de Habitat urbano del Ayuntamiento de Barcelona, que en el período que sucede desde la entrada de Salamanca Nine en Marina Port Vell hasta la aprobación del Plan Especial del Port Vell ocupó una vocalía en el consejo de administración». En relación con su actuación, en concreto, se relata que «es en este señor donde se plantea un conflicto de intereses«, puesto que «se postuló como el principal valedor del señor Martin Bellamy (principal directivo del grupo británico Salamanca) en la defensa de la construcción de una marina de lujo, antes incluso de que el Ayuntamiento aprobase definitivamente el Plan Especial del Port Vell».
Vives no es el único salpicado por el análisis de Antifrau: su predecesor, el socialista Jordi William Carnes, también es cuestionado. Además, Antifraude corrobora en el mismo documento que el capital detrás de la supuesta inversión procedente del Reino Unido proviene, en realidad, de la cúpula de la primera petrolera rusa, Lukoil. Respecto a Salamanca se revela que buena parte de sus ingresos proceden de la contratación de mercenarios para tareas de seguridad en zonas de conflicto.
A pesar de todo esto, Antifraude, dependiente de la Generalitat de Catalunya, sólo reconoce tener sospechas sobre Vives y no pruebas o indicios de conductas irregulares propias de del «ámbito de actuación» de esa oficina.
