En el actual contexto geopolítico, la independencia de Catalunya no se materializará. El problema no es Madrid. El problema es Bruselas. Establecer en el marco de la Unión Europa (UE) el principio jurídico que una región puede escindirse unilateralmente del estado del cual forma parte con el ejercicio del «derecho a decidir», como pretendemos hacer en Catalunya, es, sencillamente, impensable. Por una razón: en la Europa de los 28 hay un total de 274 regiones reconocidas.
Si la «región» de Catalunya se independiza y logra en Bruselas, como queremos, la condición de nuevo estado de la UE, automáticamente cualquier otra de las 273 regiones restantes puede reclamar exactamente el mismo: promover y organizar un referéndum de independencia para separarse del estado al cual pertenece. La tensión y el desbarajuste que provocaría un proceso de estas características acabaría socavando y desmontando los fundamentos de la UE.
Escocia es un caso aparte, toda vez que la arquitectura jurídica del Reino Unido es muy diferente de la del resto de los estados europeos, empezando por el proceso de adhesión voluntaria que forjó la Union Jack y acabando por la carencia de una Constitución, tal como tienen todos los países modernos desde la independencia de los Estados Unidos. Por eso, Londres y Edimburgo acordaron realizar el referéndum de secesión del pasado 18 de septiembre.
Catalunya sólo tiene una oportunidad para ser independiente: que la crisis económica castigue todavía con más intensidad los territorios de la Unión Europea y provoque un estallido social y una revuelta generalizada contra las instituciones comunitarias. En la actualidad, la UE es el «enfermo» del mundo y las grandes potencias planetarias (China, Estados Unidos, Rusia, las petromonarquías árabes…) esperan, con la voracidad de los buitres, hacerse con los despojos de este riquísimo cadáver palpitante. Desde esta perspectiva, la independencia de Catalunya puede encontrar unos aliados inesperados en la estrategia corsaria de «cargarse» definitivamente la UE para hacerse con la parte del botín más grande posible.
La historia es cíclica. No olvidemos que Catalunya nació como Marca Hispánica del Imperio Carolingio (el antecedente medieval de la Unión Europea) para frenar el embate de la invasión musulmana. Los condados catalanes lograron de facto su independencia cuando el Imperio, carcomido por diferencias dinásticas, se desmoronó. ¿Estamos en vísperas del colapso de la UE? Sólo sabemos que la sensación de depresión económica y fatalismo que se respira en el ámbito de la Europa comunitaria de los 28 no existe en ninguna otra de las grandes potencias del planeta.
Mientras tanto, en Catalunya hay lo que hay: una miseria galopante y un gobierno que no gobierna, embarcado en novelas de caballerías. Las noticias de desahucios o el llamamiento a hacer una Gran recogida de alimentos para las familias pobres ya forman parte de nuestro escalofriante paisaje habitual.
Al menos, de vez en cuando también tenemos una pequeña alegría. Por ejemplo, el consejero Santi Vila acaba de anunciar que, finalmente, acata la sentencia del Tribunal Supremo (¡sólo faltaría!) y procederá a la clausura del vertedero de Vacamorta, en el Baix Empordà. Este vertedero es uno de los símbolos de la corrupción pujolista, de la traición del Tripartito y también de la resistencia heroica de unos vecinos anónimos contra la implacable maquinaria política y mediática de Convergència.
La construcción de este vertedero en La Bisbal es un descomunal disparate ecológico, como han denunciado reiteradamente los vecinos de la zona. Pero el proyecto lo impulsaba el tándem Gustavo Buesa & Jordi Pujol Jr. y el entonces consejero de Medio Ambiente y actual consejero de Interior, Ramon Espadaler, dio la autorización en 2003.
Los vecinos recurrieron a los tribunales que, de manera sucesiva y a lo largo de los años, les fueron dando la razón.., pero el vertedero de Vacamorta continuaba acumulando toneladas y toneladas de residuos. Con la llegada del Tripartito a la Generalitat fue la hora de la gran esperanza y de la gran decepción. ¿Qué hizo el gobierno de la izquierda plural? Ponerse al lado de la empresa y aprobar una modificación urbanística para que la ilegalidad fuera legal (!).
Finalmente, el Tribunal Supremo ha dictaminado que se ha acabado el cuento: el vertedero de Vacamorta es ilegal, se tiene que clausurar, se tienen que extraer los 2,2 millones de toneladas de residuos que se han acumulado y se tiene que restaurar la zona destrozada.
¿Quién pagará este enorme despropósito? Yo lo tengo claro: que pague la empresa Recuperació de Pedreres SL, que preside Gustavo Buesa. Este empresario de Lloret de Mar es uno de los imputados en el sumario que instruye la Audiencia Nacional por la «trama mafiosa» urdida por Jordi Pujol Ferrusola. ¿O es que, como en el caso del Castor de Florentino Pérez, también tendremos que pagar entre todos (la Generalitat) los estragos provocados por este asqueroso chanchullo corrupto?
