Empresarios e importantes ejecutivos catalanes están superando las expectativas de la Agencia Tributaria en cuanto a su colaboración con las investigaciones del caso Pujol sobre las comisiones que supuestamente les obligaban a pagar desde la Generalitat si querían obtener contratos públicos en Catalunya.
Fuentes de Hacienda citadas por El Confidencial Digital exponen que son principalmente constructores de obra pública, responsables de agencias de publicidad y proveedores de la Generalitat durante los años de Jordi Pujol y que han acudido a oficinas de la Agencia Tributaria en Barcelona y Madrid los últimos dos meses para denunciar exigencias de pago de comisiones ilegales. Hacienda ha recibido, además, bastante documentación de empresas que quedaron excluidas de procesos de adjudicación porque no comulgaban con la ‘mordida’ pujolista. Esos papeles probarían la existencia de los pagos, ya que contendrían cláusulas que los explicitan.
Estas colaboraciones ponen de manifiesto que el miedo a posibles represalias ha quedado atrás para muchos empresarios y directivos, que describen al personal de la Agencia Tributaria el ambiente de opresión creado por el Gobierno catalán contra los díscolos. Algunos de ellos reportan prácticas mafiosas que les habrían perjudicado en importantes concursos públicos.
Pruebas y testigos aportados por estos empresarios y directivos, según el mismo digital, forman parte de las informaciones policiales en manos de la Justicia. Algunas de las denuncias pueden salpicar a Artur Mas porque se referirían a comisiones presuntamente cobradas por adjudicaciones de obra pública entre 1995 y 1997, cuando el actual presidente catalán era consejero de Obras Públicas.
