No quiero hablar de la anunciada consulta del 9-N: quedan muchos días y a buen seguro que en los próximos dos meses pasarán muuuuuuchas cosas y muuuuuuy sonadas. Quiero hablar de las solemnes promesas de transparencia y regeneración democrática que, ante el alud de casos de corrupción y la alarma social que han despertado en la sociedad catalana, ha hecho el presidente Artur Mas.
La agenda mediática catalana está dominada por el escándalo de la familia Pujol, por los preparativos de la V de la Diada Nacional, por las invectivas de la Brunete, por las tensiones entre Convergència y Unió, por las especulaciones sobre el recurso del Tribunal Constitucional a la Ley de consultas no refrendarias, por la posible convocatoria de unas elecciones anticipadas… Pero todo esto es la «espuma» de cara a la galería. El «caldo» se está cocinando, como siempre, entre bambalinas, en los tortuosos laberintos que conducen a los despachos del poder.
Ahora mismo, el Gobierno de la Generalitat tiene sobre la mesa la adopción de importantes decisiones donde hay en juego miles de millones de euros:
· La resolución del concurso para la adjudicación del servicio de ambulancias, que se publicó en el DOGC el pasado 11 de junio. Es un contrato por seis años -prorrogable a diez años- con un importe que supera los 2.000 millones de euros. Se trata de una de las grandes partidas externalizadas de la sanidad pública que, como es obvio, atrae a todas las empresas locales y multinacionales que operan en este sector.
· La adjudicación del suministro de electricidad a la red de metro de Barcelona, con un periodo de vigencia establecido de 40 años (!)
· El reparto, por parte del CAC, de 23 frecuencias de FM procedentes de la antigua COM Radio, red pública de emisoras que ha sido desmantelada por el actual presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve. El concurso se convocó hace más de un año y, de manera sorpresiva, todavía no ha sido resuelto. Aspiran a la obtención de estas licencias de radio un total de 221 ofertas de 41 empresas mediáticas.
· La adjudicación de las seis nuevas licencias, con un ventajoso tratamiento fiscal, para operar casinos en el futuro Barcelona World de Vila-seca y Salou. De momento, se han validado las ofertas presentadas por Veremonte (Enrique Bañuelos), en compañía del grupo chino Melco y de Hard Rock, y por el Grupo Perelada (familia Suqué).
· La venta de las «joyas de la corona» del patrimonio inmobiliario de la Generalitat: el edificio de la Bolsa en el paseo de Gràcia y el edificio modernista Casa Burés
· La anunciada privatización de las 452 depuradoras de agua que hay en Catalunya propuesta por el consejero Santi Vila, pendiente de las controversias jurídicas sobre su titularidad
Sobre todas estas decisiones planean hedores de corrupción y tráfico de influencias, resultado de los antecedentes y de las informaciones que circulan:
· La vinculación del ex consejero Xavier Pomés con Ambuibérica, una de las empresas que optan al concurso de las ambulancias, investigada por fraude en Aragón
· La presidencia que ostenta David Madí -ex mano derecha de Artur Mas- del consejo asesor de Endesa en Catalunya
· El «mercadeo» que acostumbra a hacer CiU con las frecuencias de radio, a cambio de favores políticos y de compensaciones económicas
· El descarado favoritismo que siempre ha recibido la familia Suqué de la Generalitat convergente, que quedó en evidencia con el «lottogate» y el caso Casinos
· La intermediación del omnipresente despacho de Miquel Roca Junyent en la venta del patrimonio de la Generalitat
· El escándalo de la privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, que provocó el cese del consejero Lluís Recoder, antecesor de Santi Vila
El presidente Artur Mas tiene la oportunidad de pasar la prueba del 9 y hacer valer su autoridad para que todas estas decisiones se tomen de manera transparente y sin que intervenga ninguna «mano negra», como, desgraciadamente, ha sido habitual durante el régimen pujolista.
Pediría que, de manera preventiva, la Oficina Antifrau supervisara los procesos de adjudicación que hay en marcha para garantizar su pulcritud. Pero el departamento que dirige el ex magistrado Daniel de Alfonso también está bajo sospecha. Y no sólo por su turbia gestión de la valiosa documentación que, hace más de un año, aportó Vicky Álvarez sobre los negocios sucios de Jordi Pujol Ferrusola y que fue menospreciada y escondida al juez Pablo Ruz.
Yo mismo soy testigo directo de cómo funciona la Oficina Antifrau. El día 10 de diciembre de 2012 presenté una denuncia donde explicaba que, por informaciones confidenciales que me habían llegado, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) había previsto «pastelear» un concurso público para favorecer a la empresa Deloitte, donde David Madí, el ex responsable de Comunicación y Estrategia de CDC, ocupa un cargo directivo. Esta información quedó confirmada un mes después cuando, efectivamente, el CTTI adjudicó un suculento contrato de 33 millones de euros a la empresa consultora Deloitte.
Recapitulando: advertí con antelación a la Oficina Antifrau que estaba a punto de consumarse un fraude en el CTTI. ¿Y qué hizo la Oficina Antifrau? ¡¡¡Archivar mi denuncia por falta de indicios.., una vez el fraude ya se había perpetrado!!!
