La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 11 de octubre de 2011, que resuelve a favor del recurso interpuesto por el vecino de Sallent, Sebastià Estradé, obliga a la Generalitat a volver a calcular una fianza para sufragar el coste de sacar los 60 millones de toneladas de escombro que se calcula que hay acumulados en la montaña artificial del Cogulló, en el Bages. También obliga a presentar un plan de restauración. Su texto ha servido de base para el resto de resoluciones: se cita en todas, también en la última, emitida el 25 de junio de 2014 en que el Supremo rechazó el último recurso interpuesto por Iberpotash, la filial española de la empresa israelí ICL, que explota las minas de la comarca.
«Esto quiere decir que las informaciones que pedíamos eran ciertas, pero Iberpotash siempre se nos ha puesto de espaldas a las reclamaciones que les hemos hecho. Han interpuesto recursos de reposición, de súplica y de casación», lamenta Sebastià Estradé, quien a sus 91 años ha sido abogado, escritor, profesor y activista. «Yo sólo pido que se hagan las cosas bien, porque como vecino de Sallent me parecía una vergüenza levantarme cada día y ver a aquel monstruo por la ventana, dice en alusión al Cogulló, la escombrera erigida junto a las minas de potassa de Sallent. El profesor recibe a EL TRIANGLE en la residencincianos el Relato de Avinyó, donde reside.
El litigio empezó en 2009. «Si Iberpotash actuara de buena fe habría dado alguna explicación después de la sentencia ejecutoria. Pero quien se niega a admitir una fianza y quien se niega a hacer un plan de restauración es que no piensa restaurar nada. Aunque los obliguen, no lo harán», asegura.
«Como se han visto acorralados, en las conclusiones de ahora han presentado un plan de ‘remediación’, que consiste en hacer un cubrimiento del escombro, poner una capa de polistireno que no llega a un milímetro de grueso para impermeabilizar, y plantar cuatro arbolitos. Todo eso es tomar el pelo», afirma Estradé, indignado por la actitud de la empresa minera y la pasividad del Gobierno de la Generalitat para hacer cumplir la ley.
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