El pasado sábado se hacía pública la sentencia del Supremo que rechazaba el último recurso presentado por Iberpotash, la empresa israelí que explota las minas del Bages. El texto expone que la fianza estimada por la Generalitat no se ajusta a la realidad y obliga la compañía a elaborar una plan de reestructuración para la montaña de runa del Cogulló.
Un pellizco de las millonarias ganancias que tiene la empresa desde que se hizo con la explotación de las minas de Sellent y Súria. Pero la primera reacción, después de quejarse de «inseguridad jurídica», ha sido el anuncio de dar marcha atrás a la inversión de 270 millones prevista para el plan Phoenix que, en teoría, servía para aprovechar la sal de la runa.
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