La Fundación Jaume Bofill es una honorable institución sin ánimo de lucro que fue creada en 1969 por el matrimonio Josep Maria Vilaseca y Teresa Roca (de la familia de los empresarios de Roca Radiadores) con el objetivo de contribuir a la modernización de Catalunya, especialmente en el ámbito pedagógico. En reconocimiento a sus méritos, la fundación fue galardonada en 1983 con la Cruz de Sant Jordi y el eminente jurista Josep Maria Vilaseca mereció la misma distinción de la Generalitat en 1985.
Convencidos de que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad y la igualdad de oportunidades, los responsables de la Fundación Jaume Bofill publican, con regularidad, estudios e informes sobre la situación de la enseñanza en nuestro país. El último, que lleva por título La agenda política educativa en Catalunya: un análisis de las opciones de gobierno (2011-13), ha sido elaborado por dos prestigiosos sociólogos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Xavier Bonal y Antoni Verger.
Las conclusiones de este trabajo académico son contundentes. Durante los últimos tres años, el gobierno de Artur Mas ha perpetrado un recorte salvaje en el sector educativo (-20,6%), mucho más duro que la media de la reducción del gasto global de la Generalitat (-15,4%) y esto se ha hecho en detrimento, de forma deliberada, de la enseñanza pública, perjudicando, especialmente, a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Con una profusión de datos, todos ellos contrastados, los profesores Bonal y Verger demuestran que la consejera Irene Rigau ha beneficiado, de manera descarada, a la escuela privada concertada, a la vez que reducía las becas-comedor, la sexta hora y las subvenciones a las guarderías de titularidad municipal.
Admitiendo que la situación de recesión económica tiene un impacto negativo sobre los presupuestos de la Generalitat, los autores de este informe de la Fundación Jaume Bofill remarcan que el brutal tijeretazo perpetrado por el gobierno del presidente Mas al sistema escolar catalán es totalmente desproporcionado y políticamente sectario. Al verse «retratada», la consejera Irene Rigau ha tenido una reacción airada y ha tildado de «panfleto» el sólido documento elaborado por Xavier Bonal y Antoni Verger. A la vez, los medios de comunicación catalanes han pasado de puntillas sobre los contenidos del informe La agenda política educativa en Cataluña: un análisis de las opciones de gobierno (2011-13) y casi no se han hecho eco de él ni han abierto un debate sobre los datos que se recogen.
He aquí dos síntomas muy graves de lo que está ocurriendo en Catalunya. En nombre del «proceso de transición nacional», cualquier crítica a la gestión de la Generalitat de CiU-ERC se transforma, automáticamente, en un ataque –presumiblemente, de matriz «españolita»- a los intereses supremos de la patria. Los medios de comunicación, fuertemente subvencionados por el consejero Francesc Homs, practican como nunca la autocensura o la censura directa a todo aquello que pueda perjudicar a los intereses políticos y electorales del presidente Artur Mas.
Los prescriptores del soberanismo se llenan la boca con las palabras «libertad», «democracia» y «transparencia», pero, a la vez, someten a Catalunya a una «omertà» sin precedentes desde la muerte de Franco. Incluso se atreven con una institución tan prestigiosa como la Fundación Jaume Bofill, creada durante la larga noche de la dictadura para promover, precisamente, la calidad de la educación en democracia.
