Hacienda está obligada a devolver los «ingresos excesivos», tal como se denomina el dinero que recauda de más a los contribuyentes. Cuando los funcionarios de la Agencia Tributaria detectaban estos ingresos, los restituían de oficio a los ciudadanos, pero el 3 de mayo de 2011 recibieron una circular interna, firmada por el entonces jefe de la Dependencia de Recaudación y actual delegado especial de Hacienda en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, mediante la cual se les ordenaba que sólo devolvieran ese dinero si los contribuyentes lo pedían expresamente.
Como mucha gente desconoce este procedimiento o sencillamente no sabe que se le ha cobrado de más -por ejemplo, una multa que por error se ha ingresado dos veces o un embargo por parte de la Administración de dos cuentas corrientes cuando el importe ya quedaba cubierto por uno de ellas-, no se formulan reclamaciones y, de este modo, Hacienda se quedaba su dinero.
Represalias contra una inspectora
Una funcionaria del cuerpo superior de inspectores de Hacienda advirtió a sus superiores, incluídos el mismo García de Castro y la inspectora en jefe de Planificación, María Zamora, de la ilegalidad que supone quedarse ese dinero y, después de esto, continuó reembolsando los ingresos excesivos cuando detectaba que a un ciudadano se le había cobrado de más. Por el hecho de cumplir con diligencia con su obligación, se la represalió, ya que se la degradó en el ejercicio de sus funciones y competencias, tal como se expone en una demoledora sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la cual ha tenido acceso EL TRIANGLE.
En esta sentencia no sólo se ordena restituir inmediatamente sus funciones a la inspectora denunciante, de la cual destaca su conducta «diligente, imparcial, rigurosa y leal», sino que recrimina duramente la actuación de García de Castro y considera que la circular era ilegal, a pesar de que, tal como señala la magistrada ponente, en ese contencioso administrativo no se juzgaban los «ingresos excesivos» sino las represalias a una funcionaria.
Cuando se difundió la circular, la inspectora se dirigió por escrito a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña para dejar constancia de que la orden podía ser ilegal porque los ingresos excesivos «se tienen que devolver necesariamente de oficio» y que «no colaboraría con una conducta que significaba la apropiación indebida de cantidades de los contribuyentes», tal como se puede leer en la sentencia del TSJC.
En una reunión en el despacho del entonces jefe de la Dependencia de Recaudación, García de Castro, se comunicó una reestructuración organizativa en la delegación de Hacienda, por la cual se degradó la inspectora, la única que se atrevió a denunciar los hechos, que pasó de dirigir una cuarentena de funcionarios a sólo dos.
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