Tres años después de empezar la instrucción del caso de los ERE, la jueza Mercedes Alaya pisa a fondo el acelerador: invita a personarse en esta causa como imputados a dos expresidentes del gobierno andaluz, los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves; programa un rosario de citaciones para este otoño y ordena a la Guardia Civil nuevas investigaciones, algunas de las cuales afectan a la trama catalana del caso, especialmente a las consultoras vinculadas al desaparecido Eurobank del Mediterráneo, que presidía el financiero barcelonés Eduard Pascual, que continúa en la prisión de Sevilla I desde el marzo pasado.
A raíz de la operación Heracles, por la que se investiga el cobro de supuestas sobrecomisiones por parte de las consultoras que gestionaban las pólizas de prejubilación de los ERE fraudulentos, se detuvieron en marzo pasado a 22 personas, tres de las cuales todavía continúan en la prisión: el exsindicalista de la UGT Juan Lanzas y los directivos de la consultora Vitalia Eduard Pascual y Maria Vaqué.
Sobre estos dos últimos, otro magistrado, Pablo Ruz, titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ordenó en febrero pasado la apertura de juicio oral -para el que todavía no se ha fijado fecha- por la quiebra de Eurobank, entidad financiera que fue intervenida por el Banco de España en julio de 2003.
Por el caso Eurobank, la Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 7 años y 10 meses de prisión para Pascual y Vaqué, los que, previsiblemente, se tendrán que enfrentar más adelante a las peticiones de penas que se los formulen por el caso de los ERO de Andalucía.
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