El exceso de intervencionismo de las administraciones públicas, en los procesos de adjudicación del suelo para construir viviendas, ha provocado que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) pida una revolución urbanística que consiste en liberalizar prácticamente todo el suelo.
Con la reforma propuesta sólo quedarían fuera de espacio urbanizable las zonas protegidas, como los parques naturales. Competencia considera que una intervención «flexibilizaría» la oferta de viviendas y ayudaría a bajar precios.
La CNC recomienda que se obligue a presentar planes urbanísticos con una memoria de competencia para evaluar la planificación urbanística para que no se introduzcan «restricciones injustificadas» en la implantación de algunas actividades económicas.
Otra recomendación a cumplir sería la presentación de convenios urbanísticos bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y no discriminación. Y promover la eliminación de los derechos de tanteo y retracto de las Administraciones Públicas sobre los terrenos.
La última propuesta alude directamente a las trabas administrativas con que se encuentran los promotores en el momento de iniciar una actividad. Los ayuntamientos, que son los competentes en la materia, pueden clasificar el suelo como urbano o protegido, de manera discrecional con una finalidad de interés público.
Según el informe, la intervención pública encarece el precio del suelo y restringe la oferta.
