El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige Fátima Báñez, se está ensañando con los parados, a los que está investigando para evitar el fraude en el cobro de prestaciones. Para ello, ha creado un espacio dentro de su página web en el que anima a los ciudadanos a denunciar anónimamente cualquier incumplimiento de la ley, tanto en aspectos laborales como referentes a la seguridad social o de seguridad.
Esta nueva medida coincide con la publicación por parte del propio Ministerio de las cifras de su campaña contra el fraude, en la que se han derogado 60.004 concesiones de ayudas al desempleo, por diferentes motivos como el incumplimiento de los requisitos para cobrarlas o el haber rechazado ofertas de empleo, que, tal y como se recoge en la última reforma laboral, se han de aceptar, aunque se trate de trabajos en localidades diferentes a las de residencia del candidato.
El Ministerio dirigido por Fátima Báñez trata de minimizar la repercusión de las altas tasas de desempleo, que superan el 25% de la población activa, desviando la atención con las cifras del fraude en el cobro de ayudas. En esta línea, la ministra ha enviado esta semana un comunicado a los medios de comunicación en el que destaca que con los trabajos de la inspección se han conseguido ahorrar 915,1 millones de euros en 2013.
La carta abierta enviada a los medios de comunicación acusa a los defraudadores de poner en peligro el mantenimiento del sistema de pensiones español. «Es la voluntad y la obligación del Gobierno y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social poner todos los recursos a su alcance para acabar con este tipo de prácticas fraudulentas«, señala el comunicado, que pone al mismo nivel a los ciudadanos que cobran prestaciones de desempleo mientras ejercen otras labores que las personas que han rechazado un trabajo estando en el paro.
Hace tres años, en 2010, un informe de Hacienda situaba en 70.000 millones de euros el total de fraude en España, de los cuales la mayor parte provendría de las grandes fortunas, que evadieron 42.711 millones de euros. Las pymes y autónomos defraudaron 16.261 millones, mientras que los trabajadores o particulares no declararon 1.543 millones de euros, menos del 2% del total.
Por otra parte, el buzón que ha creado el Ministerio de trabajo ya ha recibido las primeras denuncias, tal y como aseguran muchos usuarios de la red, que han aprovechado la herramienta para criticar el despido de Bárcenas, quien recibió una importante indemnización, o los ingresos del marido de María Dolores de Cospedal, quien habría cobrado 7.000 euros mensuales de una filial de la antigua Caja Castilla-La Mancha, a la que no prestó servicios.
