El pasado 19 de julio agentes de la policía española se presentaron en la sede del PSC, en la calle Nicaragua de Barcelona, por orden de la juez Elisabet Castelló, que dirige, provisionalmente, el juzgado número 14. No se trataba de un registro: venían a llevarse, concretamente, el ordenador de la gerente del partido socialista, Lluïsa Bruguer, cuyo nombre aparecía referenciado en unos mensajes cruzados por la detective Elisenda Villena, que dirigió el operativo de la grabación del almuerzo en La Camarga entre Alicia Sánchez-Camacho y Vicky Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, el 7 de julio de 2010.
En su declaración ante la magistrada Elisabet Castelló, el pasado 24 de julio, Lluïsa Bruguer admitió que el PSC había encargado y pagado varios trabajos a Método 3, consistentes en el barrido de sus despachos en la calle Nicaragua y en la Diputación de Barcelona, pero no la archifamosa grabación de Sánchez-Camacho.
Hasta ahora, la reconstrucción más verosímil de los hechos es que la presidenta del PP de Catalunya advirtió con antelación a su amigo José Zaragoza, exsecretario de Organización del PSC, de la fecha y la hora de su comida con Vicky Álvarez y que éste habría encargado a Método 3 que procediera a la grabación de la conversación.
Demostrar con pruebas esta versión es la tarea que encamina la actuación de la magistrada Elisabet Castelló y de los fiscales anticorrupción adscritos al sumario, Fernando Bermejo y Emilio Sánchez-Ulled. Sin embargo, y de lo que ha trascendido hasta ahora, parece que será muy difícil corroborar esta hipótesis, apuntada verbalmente por varios testigos de este asunto.
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