La Guardia Civil, a instancia del Juzgado de instrucción n.11 de Barcelona, ha procedido a desmantelar el entramado societario que está detrás del grupo de residencias para la gente mayor BB Serveis, con la detención de cinco de los implicados y el registro de siete domicilios y despachos. Se les acusa de estafar un total de 34,6 millones de euros (entre deudas a los proveedores, salarios atrasados, impuestos a Hacienda, cuotas a la Seguridad Social…), además de dejar en la calle a más de 2.000 trabajadores y de abandonar a 750 pensionistas que estaban internos en los centros que gestionaba este grupo empresarial.
Viejos conocidos
BB Serveis había llegado a gestionar una treintena de residencias geriátricas y servicios de atención a la tercera edad, en convenio con las administraciones públicas. Desde el año 2012, los trabajadores de este grupo habían denunciado, de manera reiterada, los impagos de nóminas y gravísimas irregularidades en el funcionamiento de la empresa, carencias que tenían una repercusión directa sobre las personas que tenían a su cargo.
Según las investigaciones de los trabajadores afectados, los directivos de BB Serveis se embolsaban las subvenciones que recibían de las administraciones públicas y las desviaban, en parte, a paraísos fiscales. Por su parte, la empresa justificaba los retrasos en el pago de los salarios y de los proveedores con la morosidad de los ayuntamientos y comunidades autónomas que habían concertado sus servicios. Finalmente, el Juzgado de instrucción n. 11 de Barcelona decidió, en 2013, abrir una investigación a fondo sobre el entramado societario de BB Serveis, que ha derivado en las intervenciones de los últimos días.
Entre los detenidos por la Guardia Civil en el marco de la Operación Halley está Jesús Puyoles, a quien se considera el ‘cerebro’ de esta estafa masiva. El nombre de este empresario residente en Sant Cugat ya apareció vinculado, en 1993, al escándalo del Grup de Consellers Financiers (GCF), un chiringuito de gestión de inversiones inmobiliarias que dejó un agujero de más de 4.000 millones de pesetas y en el que participaban Francesc Gordo, ex tesorero de CDC, y Victoria Ribatellada, ex dirigente del partido pujolista.
Otra de las personas arrestadas por la Guardia Civil es Joaquín Dillet, a quien se acusa de actuar como testaferro de los directivos de BB Serveis para despistar a los acreedores de esta trama de estafadores. Joaquín Dillet, que oficialmente consta como prófugo de la justicia por un montón de asuntos, fue localizado por los Mossos d’Esquadra en el municipio gerundense de Bescanó. […]
El ‘perdón’ del ofendido’
Curiosamente, Joaquín Dillet es la persona que, actuando como liquidador de la empresa de detectives Método 3, firmó junto con la diputada y todavía presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, actualmente secretaria primera de Mesa del Congreso de los Diputados, el «pacto» con el que se intentó tapar y «enterrar» el escándalo de La Camarga. Este «pacto» -que contiene unas cláusulas secretas que todavía no se conocen- se firmó el 18 de junio de 2013 y se cocinó en el despacho del abogado Cristóbal Martell, que lleva la defensa, entre otros sonados casos judiciales, de la familia Pujol.
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