Transcurridos casi dos meses del aparatoso golpe contra la reventa al FC Barcelona, que abrió expediente disciplinario a un total de 2.823 socios abonados, además de suspenderles cautelarmente el acceso al estadio, las primeras resoluciones de la Comisión de Disciplina del club tendrían que empezar a caer pronto. El plazo de presentación de alegaciones, que es de 15 días a partir de que los socios afectados han recibido por parte del club el pliegue de cargos, ha empezado a agotarse para los primeros de la lista de denunciados. La operación de confiscación de entradas falsificadas y otras trampas se realizó con motivo del Barça-Real Madrid de la Liga disputado en el Camp Nou el día 7 de mayo pasado.
Por ahora, el silencio y la discreción han dominado un conflicto que, a pesar de la magnitud del presunto fraude –casi el 4% de los abonados del Camp Nou-, no ha adquirido una dimensión mediática proporcional al caso. La razón de este mutismo recae en dos factores principalmente. Uno, derivado de la reserva y cautela con la cual han actuado la Comisión de Disciplina y el área Social del FC Barcelona, evitando escapes, listas, nombres y el filtrado de estadísticas.
Otra causa, fundamental, obedece a la vergüenza que, en cualquier de las situaciones, ha caído sobre esta masa de infractores, 2.823 socios, entre los cuales están representados todos los sectores del barcelonismo, socios de la calle, pero también personalidades populares, ex-altos cargos, personas próximas a la actual administración del club, entornos periodísticos y de la sociedad civil, etc. La mancha del fraude salpica a diestro y siniestro.
PESCADOS GORDOS Y PEQUEÑOS
La sensación es que habrían caído en la red, junto a un montón de socios que individualmente habrían sucumbido a la tentación de vender el carné de forma aislada, entre dos y tres pescados gordos, mafias que desde hace años trafican con centenares de carnés nominalmente indetectables, pero dirigidos por una organización presuntamente criminal. Las investigaciones policiales, al margen del proceso interno del club, trabajan en varias direcciones, incluyendo antiguos agentes oficiales de venta de entradas, ex-empleados y socios con antecedentes. La pericia y habilidad de los falsificadores había llegado a la expedición de centenares de entradas manipuladas con el código QR real de los carnés de abono. Un nivel de sofisticación insólito.
Las amenazas, insultos y presiones que está recibiendo la comisión de disciplina, presidida por el jurista Jordi Calsamiglia, indican que, en efecto, la acción ha perjudicado a revendedores de peso. Si el club ha evaluado en 1,5 millones de euros el perjuicio, puede multiplicarse por siete u ocho el volumen de negocio sucio en esta actividad. En principio, la actuación de esta comisión se espera que sea inflexible y contundente con las mafias.
La prudencia, por otro lado, obliga a revisar cada expediente desde diferentes ópticas y perspectivas, puesto que la experiencia y los años de batidas de carnés han llevado a los especialistas del club a la correcta detección sintomática del socio que ha «pecado» de forma ocasional y del socio que regularmente hace un mal uso, especulativo e illegal, de su localidad.
La responsabilidad, en cualquier caso, recae inequívocamente sobre el socio, puesto que está expresamente prohibida por los estatutos la cesión onerosa del abono, exceptuando si se realiza a través del club (Asiento Libre) o en favor del club. A las 2.823 incidencias abiertas, los forofos cazados con abonos prestados confesaron haber pagado una determinada cantidad para entrada, normalmente a un tercero o intermediario entre el socio y el comprador.
El proceso por el cual se descubre el malhechor es sencillo. Cómo que la entrada es ilegal, el club le ofrece al comprador engañado la posibilidad de acceder al estadio y disfrutar del clásico después de firmar una declaración en que explica como conectó con el revenedor, persona u organización, la identidad de este, en la medida que la conozca, el precio acordado, forma de pago y lugar u operativo de la entrega de la entrada.
La infracción está tipificada como muy grave, motivo por el cual la sanción mínima es de una suspensión temporal de la condición de socio y la máxima la expulsión, esto sin perjuicio que, como consecuencia de la intervención de la Fiscalía, a la cual ha sido entregada toda la documentación, se deriven consecuencias penales.
La batalla legal está servida. El bufete de abogados Miralbell Guerin presume y publicita que ya defiende los intereses de casi 1.000 socios, de momento con escritos en los cuales, además de solicitar el archivo, se reclama el daño moral y material por la medida cautelar adoptada, consistente a negar el acceso al último partido de la Liga pasada al estadio, Barça-Real Sociedad.
