Así, y tal como ya ocurrió con una sentencia del eje verde de Consell de Cent, el juzgado pide deshacer la obra de la superilla del Eixample y volver al estado previo de la calle.

En la resolución judicial, a la cual ha tenido acceso EFE, se da la razón a la Unió d’Eixos Comercials Turístics de Barcelona (Barcelona Oberta), que había presentado un recurso contra esta actuación urbanística a Comte Borrell.

La entidad ha afirmado que no solicitarán la ejecución de la sentencia, porque este, dicen, “no era el objetivo de la denuncia”. En todo caso, están abiertos a la mediación.

De hecho, a Consell de Cent no se ha desmontado nada, sino que se ha iniciado un proceso de mediación por voluntad de todas las partes.

El Ayuntamiento de Barcelona recorrerá la sentencia y se plantea un plan de mejora que concretará en junio.

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La ampliación de querella expone que el Ayuntamiento de Barcelona destinó 25,9 millones de euros de los fondos europeos que percibió (75 millones en total) para el programa de las ‘superilles’.

La magistrada admite, así, la petición de la parte querellante, que interesó la ampliación de la denuncia. En paralelo, la juez ha desestimado el recurso que Colau y Sanz presentaron contra la investigación.

La querella la interpusieron el arquitecto jefe del consistorio en la época del alcalde Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, poco después de que la fiscalía archivara las denuncias de los propios querellantes y la plataforma Salvem Barcelona.

Cabe recordar que a principios de septiembre un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona revocó la aprobación del llamado eje verde de Consell de Cent al considerar que para llevarlo a cabo se debía haber aprobado una modificación urbanística del Plan General Metropolitano (PGM) y no sólo un proyecto de obras ordinario. De este modo dio la razón a Barcelona Oberta, la Unió d’Eixos Comercials i Turístics, y condenó al consistorio «a devolver las actuaciones en el estado que se encontraban con anterioridad a su aprobación». El consistorio ahora pedido por Jaume Collboni anunció que recurriría la decisión.

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Las intervenciones sirvieron, por un lado, de homenaje a la figura del ingeniero y masón artífice del barrio barcelonés del Eixample, Ildefons Cerdà. Hizo la glosa de su figura y de sus lazos masones, Joan Francesc Pont. Por otra parte, la presentación censuró, con severas críticas, la vulneración del plan Cerdà que han significado y significan las ‘superillas’ y los ejes verdes, impulsados por el actual gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por el alcaldesa Ada Colau. Desde un punto de vista arquitectónico, como hace en el libro, Amador Ferrer detalló las incongruencias del proyecto de Colau, tanto desde el punto de vista de respeto por el modelo de Cerdà como de repercusión en la movilidad de Barcelona. Soler Padró detalló la lucha vecinal contra las ‘superillas’, en concreto, la de la plataforma que impulsa, Salvem Barcelona, que en su día denunció por la vía penal por entender que el gobierno de la alcaldesa Colau puede haber incurrido en un delito contra la ordenación del territorio contemplado en el artículo 320 del Código Penal. El acto finalizó con un ameno debate con el público presente.

‘SOS Eixample. Colau vs Cerdà’ analiza las afectaciones que estas intervenciones han tenido sobre el Plan Cerdà a través de las entrevistas con el arquitecto y urbanista Amador Ferrer y el abogado y referente del urbanismo barcelonés Ramón García-Bragado, así como en una recopilación de testigos vecinales y un reportaje fotográfico. Asimismo, el volumen quiere ser una reivindicación del legado del ingeniero masón Ildefons Cerdà, y denuncia la sistemática destrucción que ha sufrido su proyecto urbanístico por parte de los sucesivos alcaldes y concejales de Barcelona, quienes han fomentado y permitido su chapucera adulteración.

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La querella la interpusieron el arquitecto jefe del consistorio en la época del alcalde Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas, a los pocos días de que la fiscalía archivara las denuncias de los propios querellantes y la plataforma Salvem Barcelona.

Reclaman la paralización cautelar de las obras para «evitar la plena consumación» de los delitos y por los perjuicios que pueden causarse, que cifran en más de 100 millones de euros.

Hasta el momento, el magistrado sólo ha aceptado a trámite la querella y ha pedido cierta documentación, pero todavía no ha fijado fecha alguna para ninguna declaración de investigados o testigos. Tampoco ha dictado ninguna medida cautelar.

En el escrito, recalcan que se trata «de una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores», tanto para particulares, como comercios en general e incluso generar «problemas de accesibilidad» z los propios domicilios de servicios básicos». A su juicio, también afecta al erario público, «porque sólo el concepto de arranque del asfalto y su eventual reposición» supondría unos gastos de 100 millones de euros.

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El escrito, de 27 páginas, avanzado por El Periódico, también está firmado por los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas. La querella llega a los pocos días de que la fiscalía archivara las denuncias interpuestas por los propios querellantes y la plataforma Salvem Barcelona.

Reclaman la paralización cautelar de las obras para «evitar la plena consumación» de los delitos que consideran que puedan estar cometiéndose y los perjuicios que pueden causarse y que cifran en más de 100 millones de euros.

Recalcan que se trata de «una manifiesta infracción normativa de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores», tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar «problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos». A su juicio, también afecta al erario público, «porque sólo el concepto de arranque del asfalto y su eventual reposición» supondría unos gastos de 100 millones de euros.

La querella también se dirige, de forma general, contra todos los miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento que votaron a favor de la aprobación definitiva de los proyectos ejecutivos de reurbanización vinculados con los ejes verdes del Eixample en la sesión de 26 de mayo de 2022, salvo que hubieran efectuado reserva al emitir su voto sobre la legalidad de los acuerdos. En este aspecto, se añade a los funcionarios que hayan informado favorablemente con informes técnicos sobre el proyecto.

Acebillo y los dos abogados aseguran en el texto que para la realización de una ordenación de este espacio público, en la forma establecida por estos ejes, es necesaria previamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM).

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Trias ha asegurado este lunes en una entrevista en Onda Cero, que «el gran error de Colau ha sido convertir al Eixample en un imposible». El candidato de Junts ha acusado a la alcaldesa de «suprimir los chaflanes, por lo que ahora la carga y descarga se hace en plena calle» y que eso «crea lo que creo que ella busca, un gran colapso«. Trias ya ha avanzado que habrá que «revertirlo».

Por otra parte, recordó que la ciudad «ha perdido en cosas que la ponían en buen lugar, éramos la capital del diseño, del ponte guapa y de la seguridad» y ahora «Barcelona ya no es la capital del diseño, sucia, y no es que sea insegura, pero la percepción es que lo es, y eso debemos revertirlo».

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Esta plataforma presentó la denuncia por la presunta comisión de un delito contra la ordenación territorial, que el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo Antoni Pelegrin ha desestimado porque, según concluye, no hay «suficientes elementos» de que se haya podido cometer, después de haber estudiado las actuaciones y la documentación.

En particular, destaca que «no es evidente» que «fuera necesaria previamente la modificación del Plan general metropolitano (PGM)» en el caso de las superilles, como apuntaba la entidad denunciante.

El archivo, conocido este viernes, se ha decidido el pasado mes de diciembre, según comunicaron fuentes judiciales.

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La organización ha indicado que pondría en peligro la esencia del Plan Cerdà, que “concibió la nueva ciudad de una manera igualitaria” con el objetivo de ofrecer “una misma amplitud de calle de 20 metros para toda la red viaria, con la excepción de unas pocas calles transcendentales de 50 metros”.

Crear un tercio de calles privilegiadas

“No había calles de primera o de segunda categoría y no se favorecía más a unos propietarios, a unos vecinos o unos comerciantes que a otros”, ha explicado. Ha añadido que las calles tenían “idéntica disponibilidad de árboles cada 20 metros”.

Ha alertado que el proyecto de la Superilla del Gobierno de Ada Colau destruirá ese concepto de igualdad promovido por Cerdà, que quiere “crear un tercio de calles privilegiadas, sin tráfico y con simulacros de verde”. “Se gentrificarán y serán pasto de pisos turísticos, mientras se descargará toda la contaminación y la circulación sobre los dos tercios de calles restantes”, ha previsto.

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