Colau ha negado haber intervenido en las propuestas de sanción contra Vauras, impuestas desde el consistorio para que el fondo destinara viviendas a alquiler social, y ha asegurado que delegó todas las funciones relativas a vivienda y derechos sociales en concejales y trabajadores del ayuntamiento.

La alcaldesa de Barcelona, que ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 18 de la capital catalana durante un cuarto de hora, ha evitado responder a las preguntas de los abogados de Vauras.

En declaraciones recogidas por la ACN, ha indicado que ha ido «tranquila» porque «no hay caso». Además, ha apuntado que lo que sí le preocupa es que los fondos buitre puedan seguir especulando «con total impunidad».

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Según ha avanzado El Periódico, Serra y Martín han detallado el contenido de las dos reuniones que mantuvieron con representantes del fondo de inversión, en las cuales se puso sobre la mesa la posibilidad de destinar algunos pisos a vivienda social, y han insistido en que en ninguno de los encuentros se presionó o coaccionó a Vauras, ni tampoco se le chantajeó amenazándole con no concederle otras licencias o con sancionarlo. Según han declarado los concejales, la primera reunión -en octubre del 2019- se planteó la posibilidad, pero no se les forzó a nada porque la ley que actualmente lo hace obligatorio todavía no estaba aprobada.

En la segunda reunión, celebrada después de la aprobación de la ley de vivienda -en febrero del 2020-, el equipo del gobierno municipal avisó a Vauras del cambio en la situación legal y que, por ley, tenían que destinar pisos a viviendas sociales para personas vulnerables. Ante la negativa de la propiedad del Bloc Llavors, el consistorio sancionó Vauras con más de 417.000 euros, una maniobra que el fondo de inversión mantiene que fue para coaccionarlo. Los concejales, sin embargo, han asegurado este viernes que actuaron con legitimidad y legalidad, y que cumplieron la ley de vivienda que obliga a los grandes propietarios a ofrecer vivienda social a las familias que no pueden pagar el alquiler.

Cómo recoge la ACN, al salir de la declaración en la Ciudad de la Justicia, donde les esperaban unos treinta vecinos y simpatizantes, Serra y Martín han dicho que estaban tranquilos porque se habían podido explicar y «desmontar las acusaciones infundadas, con errores y mentiras». De hecho, han calificado la querella de Vauras de no tener «ningún rigor y sí mucha literatura». Además, han asegurado que fue Vauras quién pidió al Ayuntamiento que a cambio de ofrecer alquiler social a familias vulnerables agilizara licencias de obras que el fondo inversor había pedido en otros puntos de la ciudad. «Nosotros no intervenimos en las licencias de obras, y ellos querían un trato de favor», ha dicho Serra.

Serra también ha dicho que la decena de querellas que ha recibido el equipo de gobierno por parte de multinacionales y fondos inversores se debe a los generosos beneficios que obtienen de algunas operaciones. Además, considera que Vauras «no busca una sentencia condenatoria, sino mantener la sospecha en plena campaña electoral, especialmente contra la alcaldesa Colau», que declarará en el juzgado el próximo lunes.

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El magistrado ha argumentado que la normativa que entonces amparaba la actuación del consistorio fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional, y que ya no estaba vigente cuando el fondo inversor presentó el recurso a las sanciones. Según ha avanzado el TOT Barcelona, ​​fuentes municipales han confirmado que ya se han retirado las multas contra Vauras, pero mantienen que «se impusieron cuando la ley todavía estaba en vigor y lo permitía».

La retirada de las sanciones no afecta a la querella que el fondo de inversión ha interpuesto contra la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, y los concejales Marc Serra y Lucía Martín, por lo que la demanda por coacciones y prevaricación sigue su trámite.

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«Nosotros, como Gobierno de la ciudad, no podíamos hacer otra cosa que aplicar esta legislación para que los vecinos desahuciados por el fondo de inversión tengan derecho a un alquiler social, y lo hacemos tanto por convicción como por obligación legal, por una normativa en ese momento vigente», ha explicado Serra. En relación con la ley de vivienda catalana, Martín ha destacado que establece «la obligación de realizar ofertas de alquiler social a aquellas unidades de convivencia que estén en situación de exclusión residencial en el caso de grandes tenedores» y ha añadido que, como Vauras Investment se negó a cumplirlo, el Ayuntamiento tuvo que abrir el correspondiente expediente sancionador. «Estamos convencidas de que nuestra actuación sigue escrupulosamente lo establecido en la norma», ha aseverado la concejala de Vivienda.

Serra ha manifestado que el consistorio mantendrá una actitud de «máxima colaboración» con la justicia y ha remarcado que «se trata de unos hechos ya archivados previamente» por el juzgado de instrucción. El concejal de Derechos de Ciudadanía ha recordado que el Gobierno municipal acumula «diez denuncias como ésta» que han terminado archivadas y, en este sentido, se ha mostrado confiado en que la querella presentada por el fondo buitre también se archivará. Por su parte, Martín ha considerado que «estas querellas buscan detenernos, que las administraciones públicas no hagan esta defensa del derecho a la vivienda», y ha advertido de que «no lo van a conseguir».

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Los ocupantes del Bloque Llavors fueron desahuciados en mayo del 2021 por los Mossos d’Esquadra, en el sexto lanzamiento, después de que en marzo de 2020 se llevaran a cabo la mayor parte de los desalojos, y como el fondo buitre se negó a ofrecerles un alquiler social -tal y como dicta la ley catalana de vivienda cuando se trata de familias vulnerables- el Ayuntamiento de Barcelona sancionó a Vauras Investment con una multa de 417.000 euros. El fondo, entonces, se querelló contra Colau, pero la causa fue archivada porque ni el fiscal ni la juez instructora apreciaron delito alguno en la actuación municipal.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona considera que «en caso de ser ciertos» los hechos denunciados sí que podrían constituir los delitos de coacciones y prevaricación y, a diferencia del Juzgado de Instrucción y de la Fiscalía, mantiene que hay que investigarlo por la vía penal. Además de Colau y de los concejales Lucía Martín y Marc Serra, la querella interpuesta por el fondo de inversión también va dirigida contra una funcionaria del Ayuntamiento, la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspecciones.

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