El Deutsche Bank fue el banco personal de Hitler, jugando un papel clave en el desarrollo de las políticas nazis, de las cuales se benefició extensamente. En parte, su gran riqueza derivó de la confiscación de las propiedades, tanto alemanas como extranjeras, que el Estado nazi alemán realizó durante su expansión en el resto de Europa. Esta realidad, ocultada durante mucho tiempo, está siendo documentada en juicios que las víctimas (muchas de ellas judías) están ganando en su intento de recuperar sus propiedades. Con la colaboración de la Gestapo y de las SS, el Deutsche Bank ingresó en sus arcas dinero, joyas, cuadros y otras propiedades de las poblaciones victimizadas por el nazismo, que incluían, además de judíos, otros grupos étnicos y políticos (como comunistas, socialistas y anarquistas), que el nazismo deseaba eliminar en los territorios conquistados. Es sorprendente que no haya sido hasta hace relativamente poco cuando se ha documentado este enorme latrocinio. El caso más conocido es el del Congreso Mundial Judío, que ha reclamado, en un juzgado de Nueva York, la compensación para las víctimas judías. Entre estas víctimas están las poblaciones gaseadas en los campos de exterminio de Auschwitz, campos, por cierto, también financiados por el propio Deutsche Bank (John Schmitt,»Deutsche Bank Linked to Auschwitz Funding«, The New York Times, 05.02.1999). A estas denuncias han seguido otras denuncias, llevando al Deutsche Bank a los tribunales intentando recuperar los fondos y/o obtener una compensación para las víctimas.

En España, este banco apoyó también tanto el golpe militar del General Franco como las ayudas militares del gobierno nazi a España, obteniendo generosos beneficios de esta financiación. En realidad, la historia del Nazismo no puede explicarse sin entender como este se financió. Y ahí es donde el Deutsche Bank jugó un papel central. En la medida que los archivos del Deutsche Bank se van abriendo, se va descubriendo (medio siglo más tarde) el papel central que jugó dicho banco en el desarrollo del Nazismo y sus aliados, el fascismo italiano y el español. No ha habido ningún intento de recuperar el dinero robado a españoles, judíos y/o republicanos, expropiados por el nazismo o el fascismo en España, en contra de lo que ha ocurrido en la propia Alemania, en los países del Este de Europa y en Italia. La complicidad de las autoridades españolas en este olvido histórico es un indicador más de la baja calidad de la democracia española.

El Deutsche Bank generador de la crisis actual
El Deutsche Bank, que fue dividido en varios componentes después de la II Guerra Mundial, apareció de nuevo, unido y con gran esplendor, expandiéndose rápidamente por Europa y por EEUU, adquiriendo otros bancos con prácticas consideradas inapropiadas, incluso por prensa financiera como el Wall Street Journal, lo cual, considerando la enorme tolerancia de este rotativo hacia comportamientos claramente deshonestos, cuando no criminales, de la banca, es todo un hecho digno de subrayar. El Deutsche Bank, por ejemplo, jugó un papel clave en el escándalo Enron, cuando aquella compañía ocultó enormes pérdidas que causaron la miseria de millones de ciudadanos estadounidenses. El Deutsche Bank ha sido también uno de los bancos que más promocionó hipotecas basura en EEUU (y probablemente en España), claramente a sabiendas y concientes de las consecuencias tan negativas que tuvo para la población afectada. En realidad, el Comité del Senado de EEUU que analizó las causas de la crisis financiera iniciada en 2007, señaló al Deutsche Bank como uno de los bancos que contribuyó más a generar, mediante prácticas especulativas, la burbuja inmobiliaria en aquel país y su explosión, creando la mayor crisis financiera desde principios del siglo XX (cuando tuvo lugar la Gran Depresión). No ha habido un estudio semejante en el Senado o en la Cámara Baja española. Si lo hubiera habido, el Deutsche Bank habría salido también muy mal parado. Este banco ha invertido 12.000 millones de euros en inversiones, muchas especulativas, en España (18.000 millones en Italia), habiendo sido también una de las instituciones financieras más responsables de la crisis financiera en España.

La explosión de la burbuja inmobiliaria en EEUU creó una situación de pánico, pues el Deutsche Bank creyó que podría afectar a sus intereses. De ahí que paralizara cualquier transacción con otros países, incluyendo España, lo que determinó la explosión de la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, el Deutsche Bank quiere recuperar su dinero en España. Y de ahí que, a través de su influencia en el gobierno y en el Parlamento alemán, estas instituciones aprobaran un préstamo de 100.000 millones de euros para que el Estado español rescatara a la banca, incluyendo el Deutsche Bank. Y uno de los objetivos de los recortes es pagar al Deutsche Bank, entre otros bancos.

El Deutsche Bank está esparcido por todo el mundo, financiando algunas de las mayores violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en estos últimos años. Ha financiado, por ejemplo, la empresa minera AngloGold Ashanti y sus fuerzas mercenarias (FNI), responsables de crímenes contra la humanidad en la República del Congo. En Sudán, el banco ha financiado varias empresas petrolíferas responsables de los horrores de Darfur. En Indonesia, ha financiado a la empresa minera de oro y cobre Freeport-McMoRan, conocida por haber destruido regiones enteras del país contaminando sus ríos y manantiales, siendo, además, una de las mayores accionistas de empresas productoras de bombas atómicas y uranio.

La Eurozona está entrando en la tercera recesión (ver mi artículo «¿Recuperación? Estamos entrando en la tercera recesión», Público, 26.08.14). Pero a la Banca, la situación le está yendo muy bien. Y el Deutsche Bank no es una excepción. Según la BBC los beneficios de este año han subido un 87% solo el año anterior, con la friolera cantidad de 3.200 millones de euros. Pero a la vez se continúa despidiendo a sus empleados, habiéndolo hecho con 6.400 empleados. Como ha indicado Reinhard Butikofer, dirigente del Partido Verde Alemán, «es incomprensible para mí que el Deutsche Bank, uno de los bancos con más beneficios actúe tan cínicamente destruyendo puestos de trabajo, contribuyendo al elevado desempleo en Alemania». Conociendo su historia no tendría que ser tan incomprensible. Así se comportan los que en la práctica han gobernado y continúan gobernando en Europa hoy.

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Este aumento de la pobreza es, a su vez, un indicador del crecimiento de las desigualdades, con una gran concentración de la riqueza en sectores muy minoritarios de la población que disfrutan de una gran influencia en la vida política del país. Esta influencia queda reflejada en muchos indicadores, siendo uno de ellos la gran regresión real (y no nominal) de las políticas fiscales. Entre estos indicadores está el gran peso que la imposición indirecta tiene dentro de la imposición total. Otro indicador es el trato discriminatorio de la política fiscal, que favorece las rentas del capital a expensas de las rentas del trabajo. Resultado de esto es que la imposición sobre las rentas del trabajo constituye la mayor parte de los ingresos del Estado (basados en el gravamen sobre las rentas). Esta regresividad explica la pobreza de ingresos del Estado, tanto central como autonómico. La Generalitat de Catalunya ingresa pocos recursos por el nivel de riqueza que el país tiene.

Otra causa de la pobreza es la situación preocupante del mercado de trabajo, incluyendo el bajo porcentaje de la población que trabaja, el escaso nivel salarial de la población y la elevada desocupación. Cada uno de estos factores explica los bajos ingresos del Estado central y de la Generalitat de Catalunya. La situación del mercado laboral se ha deteriorado como consecuencia de las sucesivas reformas laborales que han tenido lugar en los últimos años, y que tenían como objetivo (aunque nunca explicitado) la disminución de los salarios. El porcentaje de la población en paro que vive en hogares donde todos los miembros activos de la familia están en el paro ha alcanzado el nivel del 42,3%.

Una causa de esta situación han sido también los recortes de gasto y de ocupación públicas. Catalunya ha sido una de las comunidades autónomas que más recortes ha implementado dentro del país, España, donde estos recortes han sido (junto con Grecia) más acentuados, recortes que han alcanzado también los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad y educación, y las transferencias públicas como pensiones no contributivas, ayudas a las familias, ayudas a las personas con dependencias y otros.

Estos recortes han sido especialmente perjudiciales para el bienestar de la población, pues se han realizado en servicios y transferencias públicas muy poco financiados. En realidad, el Estado del Bienestar en Catalunya y en España tiene un de los gastos públicos sociales per cápita más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de similar nivel de desarrollo económico al de Catalunya y España. En realidad, el nivel de riqueza económica per cápita de Catalunya es superior al de la media de la UE-15. En cambio su gasto público social per cápita es solamente el 73% del gasto medio de la UE-15. Esto es un indicador más de que la Generalitat de Catalunya tiene menos recursos públicos sociales de los que debería tener por el nivel de riqueza del país.

La disminución de los salarios y el incremento del paro han afectado a la mayoría de la población, que deriva sus rentas del trabajo, siendo particularmente acentuado en los sectores del mundo del trabajo con salarios más bajos. Esta disminución de los salarios y de las transferencias públicas ha reducido la capacidad adquisitiva de la población de una manera muy notable. Esta disminución, sin embargo, no ha sido uniforme ni ha afectado a todos los sectores sociales de igual manera. En realidad, en aquellos sectores con salarios elevados (directivos empresariales y personal dirigente del sector financiero), los salarios, así como las rentas derivadas del capital, han aumentado, incrementándose así las desigualdades de una manera muy notable. Las rentas del 20% de la población con más ingresos son 5.9 veces superiores a las rentas del 20% de la población con menos ingresos, una de las desigualdades mayores en la UE-15.

Como he indicado antes, las causas de este crecimiento de las desigualdades son múltiples. Pero una de las que tiene menos visibilidad mediática es la naturaleza de las políticas públicas llevadas a cabo tanto por la Generalitat y por el Parlamento de Catalunya, así como por el gobierno español y las Cortes españolas (donde partidos catalanes también apoyan las políticas que se aplican en Catalunya, facilitando su desarrollo). Es un argumento muy común justificar estas políticas, como los recortes y las reformas laborales, indicando que estas políticas –propuestas por las autoridades europeas (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo)– son las únicas posibles, y esto a pesar de que los datos cuestionan esta postura. No es por casualidad que los países que están experimentando mayores dificultades, y mayores recortes, no sean los países con mayores gastos públicos, sino que sean países que históricamente han sido dominados por fuerzas profundamente conservadoras (tales como Grecia, Portugal, Irlanda y España), con Estados pobres de escasa sensibilidad y gasto público social, y poco efecto redistributivo.

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Inmediatamente aparecieron respuestas a nuestras reservas, acentuando que este prelado, el Obispo Bergoglio, no había colaborado con la dictadura (a diferencia de gran número de jerarques de la Iglesia Católica argentina) y que su silencio respondía más a un deseo táctico de, con su silencio, poder ayudar a las víctimas, justificando así que no denunciara públicamente a los verdugos de aquellas víctimas. Tengo que admitir que no me convenció mucho esta respuesta, dada por muchas autoridades de la Iglesia cuando se les critica su silencio frente a estas violaciones.

Ahora bien, las declaraciones hechas por el Papa Francisco durante el inicio de su papado parecían confirmar que el silencio que adoptó frente a la dictadura argentina podía ser debido, después de todo, a su tacticismo. En varias ocasiones ha alentado a los creyentes católicos a que no se limiten a ayudar a los pobres, sino que vayan más allá y trabajen para eliminar las causas de la pobreza, interviniendo activamente en política si esto es necesario. Es más, en varias ocasiones ha señalado que entre las causas de la pobreza está la explotación del mundo del trabajo por parte del mundo del capital en su búsqueda insaciable de incrementar sus beneficios. Esto, y el hecho que ha mostrado comprensión, cuando no simpatía, por la teología de la liberación, parecería confirmar que mis reservas eran infundadas. El silencio del Cardenal Bergoglio era un silencio táctico, provisional, justificado por una situación especial.

Sin embargo, algo ha ocurrido que permite dudar de lo que motivó aquel silencio, pues este silencio se ha repetido de nuevo frente a las barbaridades cometidas por el golpe militar de 1936 en España y de la dictadura que estableció, que se caracterizó por una enorme brutalidad (ver mi artículo «La guerra civil no ha terminado«, Público, 08.10.13). Por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil. Como resultado de una represión sistemática del Estado fascista, miles y miles de españoles republicanos, defensores de un gobierno democráticamente escogido, fueron asesinados, torturados y/o exiliados, con muchos de los muertos republicanos (114.000), todavía en paradero desconocido.

Se tiene que asumir que el Papa Francisco sabe que una asociación que apoyó aquel golpe militar y la dictadura que lo siguió fue precisamente la Iglesia católica. La evidencia que esto fue así es enorme. Las declaraciones de las máximas autoridades eclesiásticas pidiendo la rebelión del Ejército y de los creyentes contra un gobierno democráticamente escogido y su apoyo a la represión (que llegó a denominar Cruzada) son por todos conocidas. En realidad, la Iglesia fue más allá de colaborar con aquel régimen. La Iglesia no fue colaboradora, sino parte esencial del régimen. Era parte del Estado dictatorial. Y se benefició enormemente (en sus intereses terrenales y empresariales), resultado de esta identificación con el Estado dictatorial. La evidencia conocida muestra también que, como parte de aquel Estado, la Iglesia intervino directamente en la represión de los perdedores de aquel conflicto, formando parte de los tribunales que daban órdenes de fusilamiento y encarcelamiento. Es más, hay también evidencia que entre los supuestos mártires homenajeados en Tarragona, había un gran número de individuos que dirigieron directamente aquella represión (ver el artículo «Beatos y Cínicos«, de José Mª García Márquez, en Público, 14.10.13)

Estos hechos estan aquí para que puedan verlos todos los que quieran verlos. Pero la Iglesia Católica y el Vaticano, dirigidos ahora por el Papa Francisco, no quieren verlo y/o están mintiendo deliberadamente. Y no hago esta acusación sin conocimiento de causa. El Cardenal Amato, representando del Papa Francisco en el acontecimiento, mintió en varias ocasiones en su discurso, utilizando un lenguaje de Cruzado, idéntico al existente, todavía hoy, en la cúpula de la Iglesia Católica, y que es idéntico al que utilizaron los golpistas para justificar su acción militar contra un gobierno democráticamente elegido. Es sorprendente que este discurso (que aquel conflicto era un conflicto entre Jesús y su Iglesia por un lado, y una «ideología diabólica anticristo», por otro) se esté todavía pronunciando, y lo que es todavía más vergonzoso es que este discurso se presente como un «clamor a la reconciliación».

¿Reconciliación con quién? ¿Con los familiares de los asesinados republicanos que todavía no saben donde están sus muertos, asesinatos en los cuales colaboró y/o participó la Iglesia y que ahora, en el periodo postdictatorial, esta institución se ha opuesto a la Ley de la Memoria Histórica, dificultando tanto el hallazgo como el reconocimiento y homenaje a estos «mártires» de la democracia? La incoherencia y/o hipocresía a la cual la Iglesia puede llegar es extraordinaria. Y lo que es igualmente vergonzoso es que también hablaron de reconciliación los ministros del gobierno del PP, que han vaciado la Ley de Memoria Histórica y han hecho todo lo posible para que no se pueda encontrar a los desaparecidos. Esta es la marca España, motivo de vergüenza (si tuvieran esta capacidad) a nivel internacional. ¿Cómo puede el Papa guardar silencio frente a esta realidad?

En realidad, es imposible que el Papa no conozca estos hechos. Por este motivo las mentiras de sus representantes y su silencio son una enorme ofensa e indignidad a toda persona con sensibilidad democrática. La verdad existe y es fácil de comprobar. La Iglesia, en defensa de sus intereses materiales, y como empresa humana, defendió sus intereses y privilegios (la Iglesia era una de las mayores propietarias de tierra en España, oponiéndose a muerte a la reforma agraria que afectó su propiedad) y se opuso al gobierno republicano porque estaba perdiendo privilegios empresariales. Es aquí donde radica su oposición a la República. La represión republicana poco tuvo que ver con las creencias religiosas (pues otras religiones pudieron ejercer su culto sin ningún obstáculo), sino que se debió al comportamiento de esta empresa -la Iglesia- en oposición y en defensa de sus beneficios materiales.

El representante del Papa Francisco estaba mintiendo cuando alababa la Cruzada, presentando a sus mártires como inocentes, pues es imposible que no conociera la verdad. Decir que la Iglesia no intervino en el golpe militar y que no fue un eje fundamental de la dictadura, es una falsedad y una mentira, y la Iglesia lo sabe. Por este motivo es imperdonable que, una vez más, el Papa Francisco mantuviera su silencio, un silencio doblemente culpable, pues es un silencio, no solamente frente a un régimen de enorme brutalidad, sino frente a un régimen apoyado inmensamente por la Iglesia. Mantener un silencio ante esta situación es ser cómplice de aquellos horrores.

Pero además de cómplice, el Papa expresa una enorme incoherencia que, por desgracia, resta credibilidad a su postura en defensa de los pobres. La brutal represión en España fue precisamente frente a un gobierno, el gobierno del Frente Popular (que tuvo católicos entre sus miembros), que se caracterizó por su lucha en contra de la pobreza, lucha que le tuvo que enfrentar a los intereses materiales de la Iglesia. De nuevo la evidencia de esto es abrumadora.

Una última observación. Es de un enorme cinismo que las autoridades del Estado español y de la Generalitat, hoy gobernados por las derechas (que han diluido el compromiso que el Estado había adquirido de encontrar a los desaparecidos republicanos), presenten también el acto de beatificación como un acto de reconciliación.

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Puesto que esta visión de lo que se denomina el nacionalismo catalán está bastante extendida en los círculos conservadores y liberales del establishment español basados en Madrid, que continuamente se refieren a las sensibilidades políticas en España que exigen que se reconozca su identidad nacional (a Catalunya, al País Vasco y a Galicia) como los «nacionalistas», se requiere una aclaración y respuesta. En primer lugar, la manera de dividir y catalogar a los partidos o sensibilidades políticas existentes en España entre partidos españoles versus partidos nacionalistas es ya en si profundamente nacionalista, pues impone el criterio del nacionalismo españolista a todos los otros. Implica una visión de España (característica de este nacionalismo), que niega la posibilidad de otra visión de España en la cual quepan varias naciones dentro del Estado español. Esta visión excluyente se impuso por la fuerza por los grupos golpistas de 1937 que se autodefinieron como «los nacionales», es decir, los que defendían la nación española frente a los «separatistas», ignorando que la mayoría de sus oponentes no pedían la secesión, sino que tenían otra visión de España, considerándola como un país con diferentes pueblos y naciones que querían vivir en fraternidad.

Esta última visión no se aceptó y venció -con la ayuda de Hitler y Mussolini– la visión excluyente que ha dominado la historia de España. Y es este nacionalismo el que es más dominante y oprimente en España (ver mi artículo «El nacionalismo españolista» publicado en Público 22.07.13, y en El Plural 05.08.13), heredero del imperialismo castellano (es por este motivo que el idioma español oficial es el castellano, y que en América Latina es también el castellano), que tuvo y continúa teniendo una base explícitamente racista. Durante muchos años, el Día Nacional, es decir, el día de la Hispanidad (12 de octubre) se llamaba el Día de la Raza, en el cual se celebraba el exterminio de la población nativa e indígena del continente Latinoamericano, nacionalismo que el Sr. Vargas Llosa nunca ha criticado y, en cambio, ha promovido. Mario Vargas Llosa, escritor y político peruano, ha ido perpetuando «la acción civilizadora» de la Madre Patria, Madre para los españoles que, incluso después de independizarse de ella, contribuyeron a aquel genocidio. La insensibilidad del escritor hacia la causa indígena y su necesaria liberación es muy conocida en Perú y en América Latina. Y la reproducción de este nacionalismo, claramente racista, ha sido su función.

En España, esta cultura de conquista se considera un elemento de orgullo e identidad nacional, habiéndose definido, como indiqué anteriormente, las fuerces golpistas del 1936 (que se sublevaron frente a un gobierno democráticamente constituido) como las fuerzas nacionales, que impusieron con toda brutalidad su nacionalismo españolista. Y la Constitución Española, fruto de un enorme dominio de las fuerzas herederas del franquismo en el proceso inmodélico de la transición de una dictadura a una democracia, sacralizó este nacionalismo españolista en su artículo que habla de la «indisolubilidad de la Nación española, patria indivisible de todos los españoles», asignando al Ejército, heredero del Ejército victorioso del golpe militar de 1936 como guardián de esta unidad. Cada año, el Día Nacional va acompañado de un desfile militar, presidido por el garante de la unidad sagrada de la Patria, el Monarca, que lleva el uniforme militar.

Frente a este nacionalismo dominante existen los nacionalismos dominados que requieren una movilización, en el caso catalán, en su identidad cultural, idiomática e histórica, y que no tiene nada que ver con la raza o el grupo étnico, puesto que su composición -la de Catalunya- es variada, al ser en si un país de inmigrantes que, de no haber el deseo de permanencia, puede diluir su identidad fácilmente. De aquí la necesidad de que en Catalunya, el idioma original de la cual es el catalán, este tenga que ser el vehicular, sin desmerecer la importancia y valor del castellano, que enriquece también a Catalunya. Vargas Llosa, un hombre de derechas, de sensibilidad económica ultraliberal, con un nacionalismo españolista arraigado (del cual es probable que ni se dé cuenta), considera el catalán como un idioma provincial, de segunda categoría, frente al castellano. Y en ello no ve nada, de malo. El nacionalismo oprimente es como el racismo. El que lo reproduce ni se da cuenta, de ello.

Pero el caso ya más acentuado del nacionalismo españolista es el del expresidente Aznar. Con toda seriedad y con toda contundencia, acaba de afirmar (lo que ha dicho miles de veces) que «los nacionalismos» están destruyendo España, sin pasarle por la cabeza que es su nacionalismo españolista el que está destruyendo España. Este señor no ve nada de oprimente en su sueño, expresado en más de una ocasión cuando era Presidente del país, de que el sistema de transporte español, por ejemplo, tenía que ser radial, centrado en Madrid, de forma que ninguna capital de provincia estuviera más lejos de la capital del Reino que cuatro horas. Este señor no tiene ni la capacidad de entender que este Estado español es percibido como oprimente por millones de españoles, precisamente por su concepción de España. Este personaje es una fábrica de independentistas en Catalunya, puesto que la identificación de Aznar con el Estado español hace a este Estado muy poco actractivo para la mayoría de la población de Catalunya. Es comprensible que un número cada vez mayor de catalanes considere que este Estado, resultado de una transición inmodélica, dominado por los herederos de la dictadura, no es su Estado.

Y por lo que veo en mis visitas a lo largo de España, un número creciente de españoles en el resto de España está llegando también a una misma conclusión: este Estado tampoco les representa y tampoco es su Estado. Están ya surgiendo varios movimientos a lo largo del territorio español frente a este Estado español, controlado por los herederos de la dictadura que «no nos representa». Una nueva cooperación se está estableciendo que pueda ser las bases para una nueva Catalunya y una nueva España.

En realidad, nunca en la historia española sus diferentes pueblos y naciones se sintieron tan hermanados como en el periodo de lucha contra el fascismo y cuando lucharon por otra España, con otra visión de lo que tendría que ser este país. Fue entonces cuando el presidente más popular que Catalunya haya tenido, el Presidente Companys, gritó «Madrid, Cataluña us estima», que fue aclamado en la Pl. Sant Jaume, la misma plaza que ahora escucha el grito pro independencia, exclamado por españoles y catalanes que viven y trabajan en Catalunya, que están ya hartos, no de España y de sus pueblos y naciones, sino del Estado español que nos oprime a todos, a ambos lados del Ebro.

El «no nos representan» resuena hoy en todos los rincones de España. Pero el establishment español basado en Madrid aun no lo entiende, puesto que continúa defendiendo sus privilegios, interpretando erróneamente lo que sucede en Catalunya, como una mera manipulación de la realidad por la derecha catalana cuando esta está siendo desbordada por un movimiento político social genuinamente popular. Y Vargas Llosa y Aznar de España están contribuyendo a esto, con sus declaraciones que cuentan, como siempre, con amplias cajas de resonancia.

El Triangle, una de las revistas con mayor agudeza política en Catalunya, los definía como «los padres de la patria catalana». Por este camino, los días de esta España suya están contados. No se dan cuenta que por mucho Ejército que tengan, y por mucha Constitución que utilicen, si la mayoría de la población en Catalunya desea decidir sobre su futuro, esto sucederá, creándose una enorme tensión que podría haberse evitado, con mentalidades más cívicas y más democráticas que las que representan estos dos personajes. La esperanza es que esta nueva Catalunya surja a la vez que otra España que, arraigada en la tradición republicana pueda favorecer la fraternidad y solidaridad entre ellas.

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Ahora bien, es difícil aceptar que, incluso en el caso de que no fuera la intención de estas autoridades (incluyendo el Vaticano, liderado por el nuevo Papa, que escogió llamarse Francisco y que Monseñor Amato representa) realizar un acto político, el hecho es que tal acto es un acto profundamente político que contribuye a la tergiversación de la historia que se ha escrito en este país, subrayando que la Iglesia fue víctima de una intolerancia y persecución religiosa por parte de las fuerzas republicanas. Se acentúa y se presenta a la Iglesia y a sus mártires como víctimas, cuando en realidad la Iglesia fue la que agredió la vida y el bienestar de la mayoría de la población de los distintos pueblos y naciones que constituyen España, causando más de un millón de muertos y miles de desaparecidos, muertes de personas asesinadas por las fuerzas de represión, incluidas las de la Iglesia, y cuyos familiares no saben el paradero de sus cuerpos.

Según las estimaciones de la única investigación sobre los desaparecidos que ha realizado el Estado español (consecuencia de las gestiones del juez Baltasar Garzón, miembro de la Audiencia Nacional antes de que se le expulsara de dicho tribunal precisamente por su investigación sobre los asesinatos por parte del régimen, del cual la Iglesia Católica fue el eje central), el número de desaparecidos es de más de 114.000 personas, que fueron asesinadas por defender al gobierno democráticamente elegido. La Iglesia no solo no ha hecho nada para encontrarlos, sino que se ha opuesto a que se recuperara su memoria mediante la Ley de la Memoria Histórica. Mientras que homenajea a sus muertos, se opone y dificulta el encontrar a los muertos, de los cuales dicha institución es responsable.

Es más, es difícil creer que la Iglesia no sea consciente de la falta de veracidad de sus acusaciones frente a la República. No es cierto que hubiera en España persecución religiosa en tiempos de la República. Las iglesias protestantes y la religión judía continuaron sin ninguna intervención por parte del Estado y/o por movimientos sociales o fuerzas políticas afines a la República. No fue la religión el sujeto de animosidad, sino la Iglesia Católica, hecho que a la Iglesia Católica todavía le cuesta aceptar, ya que si lo acepta, tendría que contestar por qué la Iglesia Católica y no las otras religiones fue sujeto del enfado popular.

No es cierto que los sacerdotes y los monjes fueran asesinados por sus ideas religiosas, tal como Monseñor Soler escribe en su artículo «Montserrat y los beatos en Tarragona» en La Vanguardia. Fueron asesinados por su pertenencia a una institución que había pedido que el Ejército se sublevara, conociéndose su animosidad a la República. En realidad, el Monasterio de Montserrat, supongo que en nota de agradecimiento, hizo un monumento, más tarde, a los «caídos por Dios y por la Patria», que estaba en la entrada del Monasterio hasta que más tarde fue desplazado a la parte trasera, con un monumento a los requetés carlistas de la Virgen de Montserrat.

La historia, marginada y ocultada por la propia Iglesia, muestra claramente el porqué de esta hostilidad, hostilidad que fue iniciada por la Iglesia. Fue la Iglesia Católica la que celebró y apoyó la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Y fue la Iglesia la que se opuso por todos los medios al establecimiento de la República, alentando a los católicos a rebelarse frente a esta. Las pastorales de la jerarquía católica explícitamente llamaban a tal rebelión; documentos (firmados por el cardenal Segura y por su sucesor, el cardenal Gomà) son muy representativos, y seguro que la jerarquía actual de la Iglesia y el Vaticano los conocen. ¿Cómo puede afirmar la jerarquía católica que la Iglesia era apolítica, cuando animó a los católicos a que se rebelaran, pidiendo explícitamente que el Ejército se levantara en contra del gobierno democráticamente elegido?

Era predecible que la gran mayoría de la ciudadanía, que apoyó el establecimiento de la República, primero, y la elección del gobierno del Frente Popular, después, tuvieran animosidad hacia la Iglesia Católica, pues esta, abiertamente, alentaba al Ejército a que hiciera un golpe militar frente a ese Estado y frente a ese gobierno. De ahí que es comprensible y predecible que cuando ocurrió el golpe militar, que la Iglesia Católica inmediatamente apoyó (definiéndolo más tarde como una Cruzada Nacional), grandes sectores de las clases populares expresaran su hostilidad hacia tal institución. La quema de iglesias (no hubo ninguna iglesia protestante o ninguna mezquita o ninguna sinagoga quemadas) y el asesinato de clérigos y personas identificadas con la Iglesia Católica eran la respuesta popular que ocurrió en los primeros tres meses cuando el golpe creó un vacío de poder. No fue una represión guiada por el Estado republicano. En realidad, una vez recuperado el control, en las zonas que continuaban bajo el gobierno republicano se interrumpieron estos actos.

Por el contrario, los asesinatos, mucho más numerosos, llevados a cabo en el lado golpista, fueron cometidos por los aparatos represivos del Estado fascista, que contó con la entusiasta colaboración, en su represión, de la Iglesia Católica. ¿No creen las jerarquías católicas españolas que esta actitud enormemente represiva iba en contra del mensaje de Jesús? ¿Creen, en realidad, que Jesús, que es, en teoría, su supuesta inspiración, hubiera apoyado tanto asesinato, premeditado y programado, para eliminar a personas cuyo único delito era haber apoyado a un Estado y a un gobierno democráticamente elegidos?

¿No creen que es de una crueldad suprema que los familiares de los muertos republicanos todavía hoy no sepan dónde están enterrados? ¿No creen que es profundamente injusto que ellos puedan homenajear a sus muertos cuando los vencidos todavía no saben dónde están los suyos? Y si en verdad los sacerdotes asesinados eran inocentes, ¿no cree la Iglesia Católica que deberían pedir perdón a los familiares de sus propios muertos, pues el comportamiento golpista de su jerarquía católica fue el responsable de que el enfado popular se canalizara en ellos, precisamente por su identificación con la Iglesia?

La respuesta descontrolada en contra de la Iglesia era lógica, pues la Iglesia era culpable de un comportamiento que podía predecirse que causaría miles de muertes. Debe condenarse tal expresión de enfado popular, pero su comportamiento no puede homologarse al del lado golpista, que fue una represión metódica de todos los aparatos del Estado, con el apoyo activo de la Iglesia. Acentuar el victimismo de la Iglesia como hacen las beatificaciones es, además de una tergiversación de la historia que todavía se reproduce en España, una ofensa a los perdedores de la Guerra Civil, que eran los que defendieron la democracia, y que debería crear incomodidad a toda persona con sensibilidad democrática. Mi esperanza es que el Papa Francisco lo vea así y que, en nombre de la Iglesia, pida perdón, no solo a su Dios, sino al pueblo español, al que hizo tanto daño.

Hoy, mientras la Iglesia y las derechas homenajean a sus muertos, la ONU acaba de enviar una delegación denunciando al Estado español por no estar haciendo nada para encontrar a los desaparecidos republicanos. Y el mismo Estado, sin lugar a dudas, estará representado en los actos homenajeando a los «mártires de la Iglesia». ¿No se avergüenzan de su comportamiento los representantes de un Estado que se presenta como democrático? ¿No se da cuenta la Iglesia de su incoherencia? ¿No ven la falsedad de su llamada a la reconciliación? Está claro que no se dan cuenta. Y que no se den cuenta es un indicador de que continúan siendo reacios a reconocer que la Iglesia Católica no fue víctima sino verdugo en aquel periodo de nuestra historia.

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Tuve el enorme privilegio de asesorar en el gobierno de Unidad Popular, y fue así como pude conocer y seguir de cerca los cambios sustanciales que este gobierno realizó a través de políticas públicas que fueron populares entre grandes sectores de la ciudadanía que resultaron beneficiados por tales reformas. Resultado de esto, el apoyo electoral al gobierno subió, lo cual alarmó a las fuerzas conservadoras y liberales, que vieron menguados sus intereses con aquellas medidas, y que recurrieron a amplios sectores de sus fuerzas armadas, presionándolas para realizar el golpe militar, el cual fue facilitado y apoyado por la Administración Nixon en los EE.UU., temerosa que el experimento de la Unidad Popular (comprometido a conseguir el socialismo a través de la vía democrática) fuera exitoso y se expandiera por toda América Latina.

Tal como indicó el Presidente Nixon, «el mayor peligro que tenemos es que el gobierno de Allende pueda consolidarse y sea exitoso. Tenemos que evitar por todos los medios que otros países de América Latina se sientan atraídos por la experiencia del gobierno de Allende». El establishment económico y financiero norteamericano se alió con el establishment chileno (en una alianza de clases a nivel internacional) en ayuda de sus intereses de clase en contra de los intereses de las clases populares de los dos países, y mucho en particular en aquel momento, en contra de las clases populares chilenas. (Ver Navarro, V., «Chile through the mirror of events in the health sector», Social Praxis, 2T 1-2 pp 25-66, 1974).

Es importante subrayar que no fue EE.UU. el que impuso Pinochet en Chile, como constantemente se indica. Yo pude ver con mis propios ojos que los que llevaron a cabo el golpe militar fueron la burguesía chilena, la oligarquía chilena, las clases medianas de renta alta chilenas, la Iglesia chilena, la banca chilena, y la mayoría de las fuerzas armadas chilenas, apoyadas, no por EE.UU. (EE.UU. no era entonces ni es ahora un país de 300 millones de imperialistas), sino por el gobierno federal presidido por el republicano del Presidente Nixon (que no podía ir a barrios obreros en EE.UU. por su enorme impopularidad, consecuencia de la enorme represión del gobierno federal en contra de los mineros en la cuenca minera de los Apalaches -el Asturias de EE.UU.-, que habían amenazado con paralizar el este de EE.UU. mediante una huelga general en los sectores energéticos basados en el carbón).

Las reformas de la Unidad Popular (UP)

Donde las reformas fueron más acentuadas estuvo en las áreas sociales, y mucho en particular en el área sanitaria. Yo estaba de Profesor Visitando en la Escuela de Salud Pública de Chile, junto con mi amigo Hugo Behm, decano de esta Escuela, y nuestro común amigo Gustavo Molina, muy cercano al Presidente Allende. El que intentó el gobierno UP fue potenciar el sector público, tal como el Servicio Nacional de Salud, a expensas del sector privado, al cual se le permitió su existencia (continuando atendiendo a las clases más benestants), pero sin permitirle (cómo todavía ocurre en España) que parasités al sector público (utilizando el sector público sin retribución de los costes de esta utilización) e incentivando la dedicación a plena ocupación de los profesionales sanitarios en el sector público (lo cual creó una enorme resistencia de los Colegios de Médicos, controlados por la medicina privada). En farmacia, el gobierno prohibió que se distribuyeran en las farmacias chilenas productos que no hubieran sido autorizados por las agencias de control de calidad (de fármacos) existentes en Chile y en otros países (incluido en EE.UU.). El «dumping farmacológico» (venta de productos, rechazados en los países ricos, a países en vías de desarrollo) es un fenómeno generalizado todavía hoy. Tales medidas originaron una enorme resistencia de la industria farmacéutica (que, según documentó el Congreso de EE.UU., fue la que financió el golpe militar).

Como España, el golpe militar era la respuesta defensiva de las clases benestants frente a las demandas de las clases populares. Y como también ocurrió en España, aquel golpe era reflejo del dominio de una clase profundamente reaccionaria, que no tenía ningún tipo de sensibilidad democrática, frente a la expansión de los derechos civiles y laborales de las clases populares, conseguida por medios democráticos. Los parecidos del que ocurrió en Chile con el que ocurrió en España en 1936 eran enormes.

Cuando el golpe militar tuvo lugar, se produjo una enorme represión. Mi amigo Hugo Behm estuvo detenido en un campo de concentración. Estando en este campo, y a propuesta mía, la Asociación Norteamericana de Salud Pública, The American Public Health Association, que reunía en 100.000 profesionales salubristes (expertos en políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos) de Norteamérica, lo nombró Presidente Honorario de su Asociación. Este espléndido caso de solidaridad fue fruto de una alianza internacional de los que luchaban para conseguir una mejor salud y bienestar social para sus pueblos. En realidad, la dictadura fue particularmente represiva entre los grupos profesionales, contra estos salubristes que, en su gran mayoría, habían apoyado las reformas sanitarias del Presidente Allende y su gobierno. En España, por cierto, la represión del golpe militar fue, entre los profesionales, contra los maestros (como mis padres) que habían apoyado y llevado a cabo las reformas educativas de la República española.

Durante la dictadura chilena la sanidad y la educación públicas fueron privatizadas, habiéndose deteriorado de una manera muy marcada la calidad de ambas. En realidad, el deterioro de la educación (y su carestía) fueron la chispa que motivó a los estudiantes a salir a la calle al 2011, iniciando un movimiento de protesta que, al añadirse grandes sectores de la clase trabajadora, como los mineros, se convirtió en un amplio movimiento de rebeldía frente a las políticas impuestas por la dictadura y mantenidas durante el periodo de democracia vigilada. Su extensión fue tal (se calcula que un tercio de la población adulta participó en estas movilizaciones, según el artículo de Roland Benedikter y Katja Siepmann «Chile: the Switzerland of the South?» a Challenge, Sept/Oct 2013, vol. 56, issue 5, pp 5-30, de donde extraigo la mayoría de los datos utilizados en este artículo) que amenazó a las estructuras de poder financiero y económico chilenas. Tales protestas eran ya la expresión de un gran enfado de las clases populares frente a aquel modelo económico-social impuesto por la dictadura y mantenido en el periodo democrático, consecuencia de una transición que (como la española) dejó el poder económico y financiero inalterat.

El modelo neoliberal de la Escuela de Chicago

Durante muchos años, el modelo chileno neoliberal generado por la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, que asesoró a la dictadura chilena, se ha presentado como un gran éxito. El portavoz más ultraderechista del capital financiero norteamericano (el Wall Street Journal) ha sido uno de sus máximos promotores, habiendo indicado últimamente en un editorial que el que necesita Egipto es una dictadura como la del General Pinochet. Los datos que constantemente se utilizan a favor de este supuesto éxito del modelo Chicago son: un crecimiento elevado de su PIB (un 6% por año), una baja desocupación (un 7%), y un elevado grado de inversión, tanto extranjera como doméstica. En reconocimiento de tal «éxito», Chile fue el primer país de Latinoamérica aceptado en la OCDE (el club de los países más ricos del mundo).

El que no se llama en esta promoción del modelo chileno es que los salarios están entre los más bajos (en relación a su PIB per cápita) de la OCDE, habiendo sido esto causa (como España) de un enorme crecimiento del endeudamiento de las familias. Al 2012, la tasa de endeudamiento de las familias era de un 59% de toda la renta recibida, con unos de los intereses más elevados en el dinero recibido prestado. Según una encuesta realizada al 2012 por el Market Rescue Institute de la Universidad Católica de Chile, solamente un 36% de chilenos creía que se podrían comprar una casa, debido a la dificultad de conseguir crédito a un interés razonable y que pudieran pagarlo (citado en el artículo de Benedikter y Siepmann).

Este enorme endeudamiento explica (cómo también lo explica en España) el enorme crecimiento del sector financiero en Chile. Este crecimiento ha sido ni más y menos que cincuenta veces superior al crecimiento de la economía real (la economía que produce bienes y servicios). Hoy el centro de poder (el mismo que en España) es el capital financiero, que también controla la financiación y gestión del limitado Sido del Bienestar chileno (que incluye desde las pensiones a los servicios sanitarios y educativos, todos ellos privatizados).

La privatización masiva de la gran mayoría de actividades económicas y sociales (punto central en el modelo chileno neoliberal) que se hizo, en teoría, para ofrecer mayor elección de bienes y servicios a los ciudadanos, ha facilitado previsiblemente la creación de monopolios que han encarecido el precio de muchos de los bienes y servicios proveídos por el sector privado. Y esto tanto en el sector privado como en el público. Así, una de las industrias más importantes de Chile es la de producción de papel, resultado de la gran extensión de bosques existentes al país. Pues bien, a pesar de la gran abundancia de la materia primera ?madera-, el coste del papel en Chile es mayor que en otros países de América Latina que no tienen la riqueza de este recurso. Y esto es resultado del gran monopolio que existe en esta actividad económica.

Resultado de este enorme crecimiento del capital financiero y de la monopolización del capital productivo, hemos visto un enorme crecimiento de las rentas superiores procedentes del capital, a costa de un enorme descenso de las rentas del trabajo (tal como ha ocurrido también en España), siendo Chile (como España) uno de los países con mayores desigualdades de renta de la OCDE.

La predecible rebelión de las clases populares frente al modelo neoliberal

Las movilizaciones populares han sido una protesta frente a este modelo. Cómo bien indicaba un eslogan del movimiento, «Mucho crecimiento: pero no Desarrollo», indicando que el problema clave en la economía chilena no es el crecimiento de la riqueza sino la distribución de los recursos creados por tal crecimiento, así como el tipo de crecimiento. Es obvio que este crecimiento ha favorecido (como España) a las rentas del capital a expensas de las rentas del trabajo. Y otro eslogan de las manifestaciones, «No al lucro», expresa también una protesta hacia el tipo de crecimiento y a la motivación (el afán de lucro) que lo guía y dirige.

Naturalmente que el gobierno democráticamente elegido, depuesto por el golpe en Chile, era diferente al existente en España; que la dictadura establecida por el golpe en Chile fue diferente al existente en España; y que el periodo llamado democrático que vino a continuación en Chile fue diferente al que ha ocurrido en España. Pero, aceptando las diferencias, el hecho es que hay también muchas similitudes en cada uno de los periodos históricos citados (de aquí una aclaración constante a lo largo del artículo subrayando que «el mismo ocurre en España»).

Y han sido estas similitudes las que explican la escasa visibilidad mediática en España del 40 aniversario de aquel golpe militar en Chile. Excepto pequeños actos aquí y allá, no han habido ceremonias oficiales, y esto resultado de que los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos españoles (que tienen una conciencia de clase muy desarrollada) no quieran ni sentir hablar de aquellos parecidos, pues la denuncia del que pasó en Chile es también una denuncia del que ha pasado en España, denuncia que la establishment no quiere que tenga lugar, pues sería una denuncia de este establishment también, tanto de sus orígenes como de su comportamiento. Así de claro.

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La democracia española es de escasísima calidad, poco representativa, en la que democracia se interpreta como el hecho de votar cada cuatro años, en un proceso electoral poco representativo y con leyes electorales sesgadas que discriminan primordialmente a las izquierdas, y muy en particular a las izquierdas con mayor vocación transformadora (habiendo sido esta discriminación diseñada para marginarlas, como han reconocido algunos de sus diseñadores). La participación ciudadana a través de formas de participación directa con carácter vinculante no existe, en la práctica, en España. Y ello como resultado de un diseño que tenía como objetivo potenciar a los partidos políticos, y muy en especial a los dos partidos mayoritarios (y dentro de ellos a las elites que los controlaban, constituyendo y transformando la política en politiqueo entre las elites gobernantes).

Indicadores del dominio conservador del proceso de transición de la dictadura a la democracia incompleta y su consecuente dominio del aparato del Estado son el enorme retraso social de España (España continúa siendo el país con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, el grupo de países de la UE con semejante nivel de desarrollo económico al español), y la negación del carácter plurinacional del Estado español. En realidad, la España de las autonomías era el diseño para negar dicha plurinacionalidad, tal como lo han reconocido (en privado) algunas personalidades protagonistas de aquel proceso de transición. Me estoy refiriendo a personalidades de izquierda española que protagonizaron aquella transición, que, viendo ahora el panorama de agitación social y nacional en Catalunya, han reconocido que puede que fuera un error no establecer aquel Estado plurinacional. También han admitido (en privado) que el Ejército y la Monarquía fueron determinantes en no desarrollar ese Estado plurinacional.

La pérdida de legitimidad del Estado español

Hoy en España las instituciones representativas están perdiendo legitimidad y todos los agentes (desde los dos mayores partidos del país hasta la Monarquía) que tuvieron un protagonismo en aquella transición están perdiendo no solo apoyo popular sino también legitimidad en su poder. Contribuyendo a ello está la aplicación de políticas públicas que se están llevando a cabo sin ningún mandato popular, lo cual está deslegitimando las instituciones, ya de por sí enormemente deslegitimadas. Añádase a ello el comportamiento del gobierno Rajoy, buen representante de la derecha española (incluyendo su corrupción), y es fácil de ver por qué hay hoy en España gran agitación social y nacional.

El movimiento 15M ha sido el que mejor ha sintetizado este sentido popular. Sus eslóganes, tales como «no nos representan» o «no hay pan para tanto chorizo», son ampliamente compartidos por la mayoría de la ciudadanía. Este movimiento y muchos otros muestran un hartazgo con esta España oficial, con este Estado post-franquista con el cual la mayoría de la ciudadanía no se identifica. La evidencia de ello es abrumadora. Encuesta tras encuesta señalan que la mayoría de la población no considera que las instituciones del Estado español les representen. Y existe una demanda extendida de cambios profundos en las instituciones del Estado que encuentran enorme resistencia por parte de tal Estado.

¿Qué pasa en Catalunya?

Este rechazo al Estado español se refleja incluso con mayor ahínco en Catalunya, donde además del rechazo social y político, hay un rechazo nacional muy acentuado y bastante generalizado. Y de ahí surge el movimiento que exige el derecho a decidir, como expresión democrática, negado por el Estado español. En realidad, el derecho a decidir, que no es ni más ni menos que la expresión de participación popular directa en forma de referéndum vinculante, es un derecho que debería existir en toda España, a nivel de todo el Estado, tanto central como a nivel autonómico y a nivel local. El referéndum, como expresión democrática, es extensamente utilizado en países con mayor calidad democrática.

Y si se admite que España es un Estado plurinacional (lo cual no se ha aceptado en la práctica pese al discurso oficial que sostiene lo contrario), tiene que admitirse que cada nación tiene el derecho de decidir su configuración dentro o incluso fuera del Estado español, negociándose con éste las condiciones de separación si este fuera el deseo popular expresado en un referéndum. La respuesta de las fuerzas conservadoras y/o jacobinas, características del nacionalismo españolista (ver mi artículo «El nacionalismo españolista», El Plural, 05.08.13), es la de indicar que la Constitución española no lo permite (refiriéndose indirectamente al supuesto Consenso de la Transición, idealizando aquel documento que en realidad fue fruto de un enorme desequilibrio de fuerzas, en un proceso supervisado por las Fuerzas Armadas y por la Monarquía). Si la gran mayoría de la población en una nación dentro de España desea decidir sobre su futuro, negarse a ello es profundamente antidemocrático, llámesele como se le llame.

Confusiones interesadas

Pero ahí hay toda una serie de confusiones que están siendo promovidas a los dos lados del Ebro. Derecho a decidir no es idéntico a pedir la independencia. Debería ser obvio que para que la población vote por la independencia necesita tener el derecho a decidir. La población catalana, que hoy en su gran mayoría apoya este derecho (81%), no apoya, sin embargo, con la misma intensidad o cantidad la independencia (52%). No todo aquel que exige el derecho a decidir quiere la independencia. Otro elemento de confusión es el de la soberanía. Catalunya podría ser soberana y decidir ser soberana dentro de un colectivo que ella decidiera. Para ser independiente tienes que ser soberano, pero puedes escoger ser soberano sin desear ser independiente.

Ahora bien, la cerrazón de las mayores fuerzas políticas españolas (y muy en particular el Partido Popular, PP, y el Partido Socialista, PSOE) contra el desarrollo de este derecho en Catalunya, intrínseco al concepto de ser nación, está llevando más y más gente en Catalunya a desear la rotura de Catalunya con España y conseguir su plena independencia. El crecimiento de esta demanda por la independencia está aumentando de una manera muy notable, a partir de la demanda del derecho a decidir. Es la expresión política de un sentimiento de alienación y rechazo hacia el Estado español (generalizado a lo largo del territorio español, pero especialmente acentuado en Catalunya), y bien expresado en aquel sentimiento de distanciamiento (en el caso de Catalunya) y rotura final con el Estado.

El derecho a decidir, incluyendo el derecho a escoger como alternativa a la independencia, es una llamada a conseguir un objetivo legítimo por la vía democrática. Es de una enorme incoherencia que el Estado español y sus portavoces en el mundo intelectual se opusieran (con razón) a la lucha armada de ETA, aduciendo que la única vía aceptable para conseguir sus objetivos era la democrática, y ahora, cuando es ésta la vía que una nación exige, se le diga que no es posible. ¿No se dan cuenta de esta incoherencia y de sus implicaciones? ¿No se dan cuenta de que, con su argumento, están dando la razón a ETA? Millones de catalanes y españoles no estamos de acuerdo en que no sea posible en España alcanzar por la vía democrática, sin violencia, lo que la ciudadanía de una nación en España pueda desear, incluyendo la independencia, si ello es su preferencia. Estamos totalmente en contra de la violencia y a favor de los cambios democráticos, con la activa participación de la ciudadanía en la gobernanza del país.

La segunda Transición en Catalunya

De ahí la enorme urgencia de hacer un cambio profundo en el Estado español para permitir el funcionamiento de la democracia, que refleje una segunda Transición, de una España con una democracia incompleta a una democracia más real y completa. Y el hecho de que esta demanda esté ocurriendo ahora y no antes es consecuencia, en parte, de la aparición de nuevas generaciones educadas ya en valores democráticos y laicos, que no tienen en su memoria colectiva el temor al terror que existió a lo largo de cuarenta años en España durante la dictadura. No tienen el miedo que sus padres y abuelos (que perdieron la guerra) tenían, resultado de la enorme represión. Este sano «perder el temor y docilidad» frente a la autoridad del Estado, exigiendo, con razón, que el Estado esté al servicio de la ciudadanía, sin estar instrumentalizado por poderes fácticos financieros y económicos (como está ocurriendo hoy), es una demanda profundamente democrática, tanto en España como en Catalunya. La demanda democrática exigiendo «libertad» (que caracterizó la lucha contra la dictadura) se complementa ahora con una demanda de exigir el poder de decisión con formas de democracia directa, tales como referéndums vinculantes.

La exigencia democrática por una nueva Catalunya

En Catalunya hoy se exige, por mera coherencia democrática, la libertad, no sólo de expresión, sino también de decisión. Y la expresión de este poder implica una nueva Catalunya. Para las fuerzas progresistas, ello implicará un enfrentamiento con la estructura de poder actual en Catalunya. Y es esta segunda Transición en Catalunya la que poca atención ha recibido y la que debería determinar el mérito o demérito de la propuesta independentista para aquellos que apoyan la secesión. Tal planteamiento no es problemático para aquellas fuerzas independentistas que indican que lo más importante en este momento es conseguir la independencia y «luego ya decidiremos los catalanes qué Catalunya deseamos».

Este planteamiento es profundamente erróneo, puesto que tenemos un claro ejemplo (la Transición en España de la dictadura a la democracia) de que el que domine la Transición dominará las instituciones de la futura democracia. Y es probable que la Segunda Transición institucional en Catalunya la dominaran ahora los partidos conservadores y liberales, que ya controlan sin ninguna sensibilidad democrática la mayoría de medios públicos (TV3 y Catalunya Ràdio) y privados. No es descabellado, pues, que esta futura Catalunya pudiera, como ejemplo, tener como Ministro de Economía y Hacienda a un economista ultraliberal independentista (promoviendo constantemente en los medios públicos de la Generalitat) que está a favor de la privatización de la Seguridad Social (como hizo el General Pinochet en Chile). Esta realidad no puede considerarse improbable. Todo lo contrario.

De ahí que haya surgido otra alternativa de cambio que pone lo social (es decir, el bienestar social de las clases populares) como punto de partida para desarrollar una estrategia que configure la nueva Catalunya. Es decir, que lo social –el bienestar y calidad de vida de las clases populares, y por lo tanto de la mayoría de la población- sea la guía para encauzar esta segunda Transición en Catalunya. Las encuestas muestran que un número creciente de ciudadanos en Catalunya cree que aumentar el bienestar para las clases populares de Catalunya es de difícil realización dentro del Estado español, controlado en todas sus ramas por las fuerzas conservadoras del nacionalismo españolista.

Es ahí donde surge el gran aumento de sensibilidades independentistas que, más que independentismo, lo que está surgiendo es un deseo de dejar de ser parte de un Estado que además de no ser sensible a reconocer a Catalunya como nación, dificulta el pleno desarrollo social de tal colectivo. Conozco muchísimas personas que nunca se considerarían independentistas (y todavía no se consideran como tales, sintiéndose también españolas) que hoy quieren que Catalunya se separe de este Estado, sin que ello implique, por cierto, ninguna animosidad a las clases populares de las otras naciones que constituyen España. El adversario es el Estado español (resultado de una Transición inmodélica), no la ciudadanía española, al menos no aquellos que respetan la plurinacionalidad de España.

El reconocimiento de esta realidad y el creciente apoyo al derecho de decidir (que las izquierdas catalanas y españolas siempre reconocieron históricamente) y el deseo de que Catalunya consiga ser soberana, también abre una serie de interrogantes sobre el futuro, pues este futuro dependería de quién lidere y hegemonice la Transición de la Catalunya actual a una Catalunya justa y democrática. De ahí la aparición en el panorama político catalán de un movimiento que está adquiriendo gran envergadura, que es el movimiento Procés Constituent, que pone el tema social como central en sus reivindicaciones nacionales. No es un partido político sino un movimiento político-social que desea una transformación profunda de Catalunya. Considero acertada su estrategia, pues sería un error crear otro partido, pues además de perder su capacidad de movilización transversal, sus peticiones se verían en plan partidista. Es más, en Catalunya (y en España) existen suficientes partidos políticos progresistas que, aun cuando necesitan cambios profundos, pueden vehicular las demandas ciudadanas.

Es este tipo de movimientos, que también es muy necesario que aparezca en otras partes de España para cambiar y revolucionar el país (sin violencia, pues su uso es reaccionario en España), y que exige un cambio en la Catalunya (y en la España) existentes y sus estructuras de poder actual. Es ahí donde aparece inmediatamente el conflicto social. El gobierno de la Generalitat de Catalunya, el partido gobernante, denunció al Procés Constituent por rodear La Caixa, en la cadena humana, porque dividía a los catalanes. Pero los catalanes ya están divididos, entre otras razones, por la visión que tienen de la Catalunya futura. Ahí está el punto clave del que no se habla ni en Catalunya ni en España.

Una última observación. Esta transformación en Catalunya sería difícil de realizar sin un cambio muy notable en España, con mayor protagonismo en la vida política y mediática española de aquellas fuerzas políticas y movimientos sociales que han reconocido la plurinacionalidad del Estado español y el derecho a la autodeterminación (qué ahora se llama el derecho a decidir) de Catalunya. Y aún cuando se silencia y/o oculta en los medios de mayor difusión, tanto en Catalunya como en España, la existencia y crecimiento de tales fuerzas políticas (como IU) y sociales (como los mayores sindicatos del país) que apoyan el derecho de decidir en Catalunya es de un enorme valor democrático a los dos lados del Ebro.

Por otra parte, creer que el Partido Popular va a ser sensible a que la población en Catalunya pueda ejercer tal derecho es no entender qué es el Partido Popular, el instrumento político de las derechas herederas del franquismo que han mostrado miles de veces su cultura antidemocrática y profunda animosidad a la expresión de la identidad catalana. De ahí la gran importancia de que el rechazo al Estado español que existe ya (y que se expresa en las movilizaciones populares) en España sea reconocido en Catalunya y que sea respaldado y apoyado desde Catalunya por las mismas fuerzas que están, no contra España, sino contra las enormes limitaciones del Estado español. La futura hermandad entre los distintos pueblos y naciones de España es prácticamente imposible bajo este Estado heredero del régimen anterior, imbuido del nacionalismo españolista. Esta es la realidad hoy en España y en Catalunya.

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