El Tribunal Supremo amenaza de querellarse contra los funcionarios de la Generalitat si permiten salir de la prisión a los presos del 1-O para pasar el confinamiento en casa. Es la reacción contundente del tribunal a la noticia que ha dado este martes el Departamento de Justicia: que las prisiones estudiarán si dejan salir provisionalmente los internos que tienen el permiso del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, como por ejemplo los presos independentistas.
Fuentes del tribunal han explicado que si las juntas de tratamiento de los centros donde hay los presos del 'procés' deciden liberarlos para pasar el confinamiento en casa, el tribunal se dirigirá a las juntas y a los directores de los centros para que justifiquen las decisiones con fundamento jurídico e identifiquen los funcionarios que lo han aprobado. Y avisan que esto podría comportar que les exijan responsabilidades penales por un posible delito de prevaricación.
Por otro lado, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, ha replicado a las advertencias del tribunal, indicando que sería el Supremo quién prevaricaría si actuara así. Budó ha recordado que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del Estado ha dictado que los presos en tercer grado o que cumplen penas con la flexibilidad que permite el artículo 100.2 del reglamento penitenciario pueden pasar este periodo de confinamiento en sus domicilios. Por lo tanto, recuerda que esta "es la base legal" en que se ampara la actuación al respeto anunciada por la consejera de Justicia, Ester Capella.
Esto mientras un conjunto de entidades de derechos humanos reclaman que haya una reducción drástica de la gente encarcelada, siguiendo las recomendaciones de la ONU. Proponen empezar por dejar salir los presos en segundo grado que han disfrutado de permisos, los que tienen más de 70 años y los que tienen patologías severas.
