En el artículo 47 de la Constitución Española se afirma que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
La pandemia, y el confinamiento en los domicilios -que empezamos ahora hace algo más de un año- pusieron de manifiesto la necesidad, y el lujo, que suponía tener una vivienda en condiciones. Desde el mundo inmobiliario se aseguró que esta crisis sociosanitaria haría tambalear los precios, pero no ha sido así. A pesar de que en Barcelona, por primera vez, se baja de los 1.000 euros en el precio medio del alquiler -se sitúa en 979 euros-, resulta que el salario mínimo es de 950 euros. Los números no cuadran.
Desde el Sindicat de Llogateres tienen claro que la próxima oleada de la pandemia será la referida a la vivienda y a los desahucios, como asegura Carmen Arcarazo, portavoz de la entidad: “La oleada ya la estamos viviendo. Antes había gente que no podía asumir una subida del alquiler, pero en este momento es que no puede pagar el que estaba pagando hasta ahora”.
La burbuja inmobiliaria continúa existiendo
Cataluña lidera el que entre los activistas de la vivienda se denomina el “ranking de la vergüenza”: es la comunidad donde se llevan a cabo más desahucios. Al empezar la pandemia se planteó una moratoria de los desalojos, pero, aun así, el 2020 en territorio catalán se produjeron el 19,5% de todos los desahucios de España, con 5.373 familias expulsadas.
Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), explica: “La burbuja inmobiliaria continúa existiendo. El 2008 pinchó un poco y dejó a muchas familias en la cuneta porque no podían pagar la hipoteca. Se rescataron los bancos, pero no las familias. Y ahora estamos en una oleada de desahucios brutal, que será ingobernable. Muchas familias no tienen trabajo, no han cobrado los ERTE y no entra dinero en casa, y las ayudas que ha puesto en marcha la Generalitat son insuficientes. Esto repercutirá en el problema de la vivienda, porque no podrán pagar ni el alquiler ni la hipoteca”. Actualmente el 72% de los desalojos son por alquiler.
Aumentan los pisos compartidos
Vivir en Barcelona se convierte en una situación de riesgo y da lugar a un hecho que, a pesar de que se intenta disfrazar diciendo que es una moda, refleja un problema oculto: el coliving, o compartir vivienda, es sinónimo de sinhogar oculto, como se afirma desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Ya no se trata de jóvenes que comparten piso, si no de familias enteras que realquilan una habitación para poder tener un cobijo. El Área Metropolitana de Barcelona hizo público un informe que aseguraba que un trabajador de la ciudad necesita un sueldo de 1.322 euros para llegar a final de mes. Con este sueldo no queda más remedio que alquilar una habitación, a un precio mediano de 425 euros, para poder sobrevivir. Normalizar este hecho es un grave problema social, como asegura la síndica, Maria Assumpció Vilà: “Compartir piso cuando eres joven está muy bien, pero lo más triste es que comparten piso familias enteras con hijos y gente mayor, o gente que se ha quedado en el paro. Esto no es lo más adecuado, no es manera de vivir”.
Se necesitan un mínimo de dos años para conseguir una vivienda de la Mesa de Emergencia Social. En 2020 solo se atendieron 210 peticiones. En diciembre había 634 familias esperando un piso.
El próximo Gobierno tiene una patata caliente
La crisis de la covid está dejando más familias vulnerables en Cataluña. La organización Save The Children alerta que a 6 de cada 10 les cuesta pagar el alquiler y Cáritas ha triplicado las peticiones de ayudas. Según un informe de la organización cristiana, el 64,1% de las familias atendidas no tenían una vivienda digna, y casi el 40% vivían en habitaciones realquiladas. El 20% de las familias atendidas han tenido que cambiar de domicilio por razones económicas.
El último zarpazo es la decisión del Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso del PP, de tumbar el decreto catalán de la vivienda, que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos en riesgo de desahucio. Para el Sindicat de Llogateres, dice la portavoz Lucía Delgado, es poner una alfombra roja a la especulación: “Si la vivienda es un derecho, no puede estar en manos del mercado. Queremos una ley que defienda a las familias y no los fondos buitre para poder especular, porque el mercado del alquiler tiene mucha rentabilidad y ningún impuesto”.
Los colectivos activistas de la vivienda emplazan al nuevo Gobierno de la Generalitat a aprobar una ley que regule el alquiler y apueste por los pisos sociales. En palabras de la PAH: “Se tiene que decidir si la vivienda es un derecho o un activo financiero”.
