La destitución de Daniel de Alfonso deja al frente de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) a Maite Masià, cuyo regreso a esta institución, en 2014, como directora adjunta, levantó polvareda porque aparecía en el sumario del caso de las ITV y porque había redactado un informe sobre el caso Palau, en el marco de la comisión de investigación parlamentaría, en el que se negaba la existencia de indicios de financiación ilegal por parte de Convergència.
El relevo en la cúpula de la OAC es una jugada redonda desde la perspectiva del interés político de Convergència, partido del que Masià ha sido alto cargo en los Gobiernos de Artur Mas. La necesidad de un amplio apoyo parlamentario para escoger a un nuevo director, dos tercios de la cámara catalana, puede aplazar el relevo definitivo, prorrogando la dirección en funciones de la adjunta de De Alfonso.
Masià volvió a Antifraude, precisamente a petición de De Alfonso, procedente del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN), organismo adscrito al Departamento de Empresa donde había ejercido de directora. Sólo el PSC y CiU apoyaron su nombramiento como adjunta, mientras que ERC, hoy gobernando y formando el principal grupo parlamentario con los convergentes, se opuso.
Masià mantuvo conversaciones sobre una subvención del ICAEN con el socio y amigo de Oriol Pujol Sergi Alsina -acusado, como el hijo del ex presidente Jordi Pujol y ex secretario general de CDC, en el caso de las ITV-, que fueron recogidas por el sumario judicial. Masià, a quien se señala como amiga de Alsina, nunca fue imputada por el caso de las ITV pero quedó retratada, en cuanto al caso Palau, cuando las sedes de Convergència fueron designadas como garantía de pago por el juez instructor.
