El juez del caso Palau, Josep María Pijuan, apunta en sus conclusiones hechas públicas hoy varios indicios que demostrarían la supuesta financiación irregular de CDC a través del pago de comisiones por adjudicación de obra pública por parte de la empresa constructora Ferrovial. Unas comisiones que antes pasarían por el Palau de la Música para no levantar sospecha.
Los imputados de Ferrovial y CDC
El juez mantiene imputados por esta causa a dos exdirectivos de la empresa constructora: Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. Buenaventura fue director territorial de Ferrovial hasta el 2000 y posteriormente ocupó el cargo de director general de la División de Construcción de esta empresa, hasta el 2006. Elizaga era el director de Relaciones Institucionales de Ferrovial y era la persona responsable de las relaciones de patrocinio de la compañía constructora. Según las conclusiones del juez, los dos actuaron «sin el conocimiento» de los órganos colegiados de dirección de esta sociedad empresarial.
Por parte de CDC, el juez Pijuan mantiene la imputación de la extesorero Daniel Osàcar, que era el responsable de las finanzas del partido. Su antecesor en el cargo, el fallecido Carles Torrent, también era uno de los responsables de la trama según los indicios que aporta la investigación judicial. El otro imputado en este asunto del caso Palau es el exdiputado de CiU, Jaume Camps, que habría intervenido en las negociaciones por la adjudicación de obra pública y el pago de las comisiones, con la colaboración de otros altos responsables del partido. La identidad de estas personas no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción.
Las comisiones
En su instrucción el juez Pijuan concluye que «en virtud de un acuerdo» que se inició «al menos» en 1999 y se alargó hasta el año 2009, CDC recibió de Ferrovial una importante cantidad de dinero en concepto de pago de comisiones por obra pública adjudicada por el Govern de la Generalitat. Estas comisiones se hacían efectivas, según relata el juez, «bajo el encubrimiento de donaciones» que, con el concepto de un patrocinio, Ferrovial hacía a la Fundación Privada Orfeó Català del Palau de la Música.
Según detalla el juez, Ferrovial abonaba «por regla general» una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada. De este 4% un 2,5 se asignaba a Convergència y el 1,5 por ciento restante era para el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha Jordi Montull. Estos dos se distribuían la comisión en un 80 y un 20%, respectivamente. Jaume Camps también recibió supuestamente alguna remuneración por su intermediación. El auto judicial detalla que el marzo de 2003 Camps recibió de Millet la suma de «5.450.000 pesetas».
Las obras adjudicadas
En el texto, el juez detalla para que obras Ferrovial pagó comisiones a CDC a través del Palau de la Música. Cita cuatro obras hechas en Catalunya:
1-) Obras de revestimiento de la acequia Bellet, en el río Ebro. Adjudicada por la empresa pública de la Generalitat Regs S.A. a Ferrovial, el 23 de noviembre de 2003 por 2,6 millones de euros.
2-) La construcción del nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès. Una obra adjudicada a Ferrovial por parte del consistorio de esta localidad, el 29 de abril de 2002, por un importe de 4,1 millones de euros.
3-) Construcción de la línea 9 del metro, adjudicada a una Unión Temporal de empresas (UTE) participada en un 20% por Ferrovial y por la empresa pública Gestión de Infraestructuras (GISA). Esta obra está dividida en varios tramos, dando lugar a 30 contratos independientes por un importe de más de 2.350 millones de euros, desde el 2001 hasta el 2010. Ferrovial recibió la adjudicación de contratos por un importe total de más de 890 millones de euros.
4-) Construcción de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet, adjudicada a una UTE participada en un 20% por Ferrovial y por GISA. El acuerdo de adjudicación es del 22 de julio de 2003 y el importe total de la inversión prevista por la ejecución de las obras es de 263 millones de euros.
