El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha cerrado la instrucción sobre el presunto fraccionamiento de contratos por parte de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) durante la etapa que la encabezó Laura Borràs, actual presidenta del Parlamento de Cataluña.
El juez instructor apunta que la actual presidenta de la cámara catalana dictó resoluciones injustas siendo consciente de ello, contrarias al interés general, y concluye que existen indicios suficientemente sólidos para que sea juzgada por la presunta comisión de los delitos de fraude administrativo y falsedad en documento mercantil, y delitos continuados de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos.
En el auto conocido este lunes, el tribunal pide a la Fiscalía que presente su escrito de acusación, lo que previsiblemente hará en los próximos días, o que opte por reclamar el archivo de la causa, que afecta a Borràs por haber favorecido, presuntamente, su amigo Isaías Herrero con varias adjudicaciones para la prestación de servicios informáticos que no sobrepasaban cada una los 18.000 euros, umbral a partir del cual es obligatorio convocar un concurso público.
