Las delegaciones de la Generalitat en el extranjero están bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, que reclama a los dirigentes del proceso independentista 1,14 millones de euros -del total de 5,4- por las embajadas catalanas situadas en otros países. Según recoge el informe de liquidación provisional del tribunal, «las delegaciones tenían como objetivo lograr el reconocimiento internacional y la promoción del proceso secesionista catalán en el extranjero, lo que excede de las competencias en materia exterior que las mismas tenían legalmente atribuidas «.
El órgano fiscalizador destaca la «falta de control de la actividad económica y financiera de las delegaciones» y señala que esto «permitió que se realizaran y financiaran todo tipo de actividades o gastos, sin limitación ni justificación de su necesidad, sin presupuestación previa». Además, considera que los delegados de las «embajadas» eran los «responsables» de autorizar los gastos, los pagos y las contrataciones.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas asegura que las delegaciones «no fueron incluidas en ninguno de los planes anuales aprobados» por el Departamento de Economía, por lo que «los delegados autorizaban gastos, ordenaban pagos, abonaban retribuciones al personal y efectuaban las contrataciones necesarias para el mantenimiento y la gestión sin ningún tipo de control desde su fecha de creación». El informe considera también que la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat «nunca realizó controles sobre el cumplimiento de las normas, ni análisis de la gestión» económica, a pesar de ser «conocedora de las actividades» que llevaba a cabo.
El tribunal argumenta que «la gestión realizada a veces no se ajustó a la legalidad vigente, ni las transferencias recibidas se aplicaron a los fines previstos, existiendo gastos en las delegaciones que debían haberse tramitado» desde la Administración . Considera, por tanto, que existen gastos injustificados como la compra de un móvil por parte de un delegado de Francia cuando ya había cesado; el pago de un viaje al jefe de la delegación de Italia para asistir al 1-O; la compra por parte de la delegación del Reino Unido de teléfonos, teclados, cámaras, proyectores y accesorios -que no constan en el inventario de bienes-; y el pago de 535 euros con motivo «de ayuda a subsistencia a una becaria» desde Austria, entre otras actividades que se relacionan con el proceso independentista.
