El Tribunal de Cuentas no considera viable que los 5,4 millones de euros que reclama a 34 ex-altos cargos catalanes, investigados por el gasto en la acción exterior a favor del procés, puedan ser facilitados por un aval de la Generalitat de Cataluña.
Según publica El País, este organismo, que ahora espera que las defensas propongan una fórmula para afrontar las multas, no recuerda un precedente que los ex-altos cargos catalanes puedan esgrimir a su favor para acogerse a un apoyo de la Generalitat.
La misma información, que cita fuentes y conversaciones informales del tribunal, añade que este organismo estudiará sin posiciones apriorísticas una eventual iniciativa de la Generalitat en este sentido, pero que no está dispuesto a maniobras de contorsionismo jurídico.
Por otro lado, señala que una reciente providencia del Tribunal Supremo, que ha inadmitido el recurso presentado por el expresidente catalán Artur Mas y otros condenados por los gastos relacionados con la organización de la consulta del 9-N, habría tenido un efecto balsámico sobre el Tribunal de Cuentas, que ha sido recientemente cuestionado en varios aspectos, incluso por declaraciones del ministro José Luís Ábalos.
Por su parte, el gobierno de la Generalitat busca una fórmula para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas sin que esta iniciativa suponga la asunción de riesgos, que podrían dar lugar a acusaciones contra el gobierno. En este sentido, según publica El Periódico, se podría optar por introducir alguna cláusula como salvaguarda que exonerase a los miembros del gobierno de eventuales responsabilidades, o para aplicar una combinación de soluciones, mientras que JxCat y la ANC han exigido a la Generalitat que asuma las fianzas. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha alertado de que, no hacerlo, «debilita al movimiento independentista» y resta «credibilidad a la Generalitat».
