Los docentes tienen razones objetivas para quejarse. Hace años que denuncian una pérdida de poder adquisitivo, el aumento de las cargas burocráticas y unas condiciones de trabajo que a menudo dificultan lo que debería ser su principal función: enseñar. Negarlo sería absurdo. Como también sería absurdo negar que la enseñanza es probablemente una de las profesiones más determinantes para el futuro de un país.
Pero también es cierto que la política es el arte de los posibles. Y aquí es donde el conflicto se complica. Porque la propuesta del Govern no era ninguna humillación. Ni una burla. Ni una declaración de guerra. Era un intento —mejorable, seguramente— de acercar posiciones. El problema es que en los conflictos largos llega un momento en que cualquier acuerdo parece insuficiente y cualquier cesión parece una derrota. Es una dinámica conocida. Y peligrosa.
El dramaturgo irlandés George Bernard Shaw advertía que «el problema de la comunicación es la ilusión que se ha producido». Una frase que podría aplicarse perfectamente a este conflicto. Govern y sindicatos hace semanas que negocian, pero a menudo parece que hablen idiomas diferentes. Los unos explican números; los demás explican malestar. Y no siempre son magnitudes compatibles.
Entiendo a los profesores. Entiendo la frustración acumulada. Entiendo incluso el rechazo a un acuerdo que muchos consideran insuficiente. Lo que me cuesta más entender es la idea de que cualquier acuerdo que no sea el ideal sea necesariamente malo. La vida adulta acostumbra a consistir precisamente en eso: aceptar que entre lo que queríamos y lo que podemos hay una distancia considerable.
Quizá por eso me ha venido a la cabeza aquella famosa frase atribuida a Voltaire: «Lo mejor es enemigo del bien». No sé si la dijo exactamente así, pero la idea sigue siendo extraordinariamente vigente. En la búsqueda legítima de lo mejor, a veces acabamos perdiendo el bien posible.
Además, hay una cuestión que a menudo queda sepultada bajo el ruido de las negociaciones: la escuela no existe para el Govern ni para los sindicatos. Existe para los alumnos. Y es aquí donde el debate adquiere una dimensión diferente. Porque cada jornada de huelga, cada desacuerdo enquistado y cada semana de confrontación tiene consecuencias sobre personas que no participan de la negociación, pero que sufren sus efectos.
Eso no significa que los docentes tengan que renunciar a su derecho de protesta. Solo faltaría. El derecho de huelga es una conquista democrática esencial. Pero también lo es la necesidad de calibrar hasta qué punto una reivindicación legítima sigue siendo útil cuando se convierte en un conflicto permanente.
También resulta fascinante observar la oposición. Piden dimisiones con una contundencia admirable. Algunos lo hacen como si no hubieran gobernado nunca. Escuchándolos, uno podría llegar a la conclusión de que los problemas de la educación catalana nacieron hace tres semanas, en algún despacho del Departamento. La realidad es menos excitante: hace décadas que se acumulan carencias, reformas fallidas, promesas incumplidas y recursos insuficientes. Pero eso, claro, tiene el inconveniente de repartir responsabilidades.
Entiendo el malestar de los docentes. Entiendo incluso que muchos consideren insuficiente la oferta del Govern. Lo que me cuesta más entender es la idea de que cualquier acuerdo imperfecto sea peor que ningún acuerdo. Porque las negociaciones laborales no consisten en conseguirlo todo. Consisten en avanzar. Y mientras unos y otros siguen discutiendo sobre el tramo final del camino, hay una pregunta mucho más sencilla que sigue sin respuesta: ¿cuánto tiempo más puede esperar la escuela catalana?
