Nuevo paso adelante en el cumplimiento de la dependencia. El Consejo Ejecutivo de la Generalitat ha aprobado el Plan CURA, donde se introducen las adaptaciones necesarias para reducir el volumen de los expedientes pendientes de resolución, sobre todo de los casos más graves.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció tras el encuentro del Gobierno catalán durante el fin de semana en Món Sant Benet, que se perdonarán las deudas antiguas de las ayudas por dependencia, así como se eliminan los pagos indebidos modificando el diseño de las prestaciones sociales.
El decreto ley, que deberá ser validado por el Parlamento, introduce las adaptaciones normativas necesarias para avanzar en el desarrollo del Plan CURA: creará una prestación de cobertura mínima para personas con grado reconocido que esperan acceder a un servicio asistencial; se identificarán los casos más graves y su tramitación será prioritaria; la conexión de datos entre servicios sociales y salud permitirá hacer valoraciones de grado III de manera semiautomática utilizando la información de los informes clínicos. A partir de ahora, emb una llamada o videollamada será suficiente para pasar el baremo que marca el Estado.
La portavoz del Gobierno, Silvia Paneque, ha destacado que este nuevo modelo será más ágil y más cercano. La inversión de 25 millones de euros se hace con recursos propios de la Generalitat.
La compartición de datos ya ha permitido identificar 18.200 casos con una alta probabilidad de obtener grado III, que serán priorizados a partir del mes de junio, y recibirán una prestación de 200 euros el tiempo que dure la espera hasta la aprobación del grado.
Más valoraciones telemáticas
El decreto ley refuerza la posibilidad de hacer valoraciones telemáticas, en los casos en que sea posible, tanto en dependencia como en discapacidad. Esta medida permitirá reducir la necesidad de visitas domiciliarias y optimizar el uso del personal valorador, ya que las valoraciones podrán ser asumidas por equipos centrales o profesionales de otros territorios en función de la disponibilidad y las listas de espera.
Con ésta, y otras medidas, como las valoraciones semiautomáticas del grado III, se podrán realizar 25.000 valoraciones más cada año.
El Programa Individual de Atención (PIA) se podrá resolver de manera simultánea a la resolución del grado de dependencia cuando la persona opte por la prestación económica y facilite la documentación necesaria en el momento de la solicitud o durante la valoración.
De esta manera, no será necesario derivar el expediente a los servicios sociales locales para una segunda visita y tramitación posterior. Sin embargo, serán informados para que las trabajadoras sociales puedan hacer el seguimiento asistencial y ajustar la prestación cuando sea necesario.
Las personas que actualmente se encuentran a la espera de resolución también podrán beneficiarse de este PIA exprés. Sólo será necesario que digan a los Servicios de Valoración de la Dependencia (SEVAD) durante la valoración, o presenten una instancia genérica indicando que quieren la prestación para cuidador no profesional y faciliten los datos necesarios.
Nueva prestación de cobertura mínima
Otra de las novedades es la creación de una prestación que se podrá percibir desde la resolución del grado de dependencia y hasta la resolución del PIA. Esta ayuda está pensada principalmente para personas que solicitan por primera vez la valoración y eligen servicios asistenciales (atención domiciliaria, plaza residencial o centros de día) y Cataluña será la primera comunidad autónoma que compensa la espera con una prestación de derecho reconocido desde el primer día.
De este modo, dispondrán de una cobertura mínima, que oscilará entre los 100 y los 200 euros mensuales, mientras esperan la resolución definitiva del expediente, ya que el tiempo de espera para acceder a los servicios asistenciales es elevado.
Se estima que de todas las nuevas solicitudes, el 81% irán por la vía del PIA exprés y el 19% recibirán la prestación de espera, de manera que todo el mundo que solicite la dependencia por primera vez recibirá una prestación en 2 semanas como máximo desde la valoración.
Fin de los pagos de indebidos
El decreto también regula la fecha de efectos de las revisiones o modificaciones de las prestaciones sociales, no sólo de dependencia, sino de todas las ayudas gestionadas por el Departamento de Derechos Sociales.
A partir de ahora, si la modificación de la prestación es perjudicial para la persona beneficiaria o se trata de la extinción de la prestación (por defunción, por ejemplo), se establecerá como fecha de efecto el momento en que el cambio es identificado y tramitado por parte de la Administración. En cambio, si la modificación es favorable, sí será retroactivo a partir del primer día del mes siguiente de la revisión.
En definitiva, se impulsa una modificación del diseño de las prestaciones que hará que las deudas por pagos indebidos no se produzcan en adelante.
Además, el decreto declara no exigibles las deudas antiguas derivadas de pagos indebidos del sistema de la dependencia, que deberían haber sido revisadas de oficio, excepto en casos de fraude o información falsa. Sólo en 2025 se reclamaron 10.665 deudas por defunción.
Reclamar a una familia que cuida a una persona dependiente una deuda generada porque la Administración no revisó a tiempo es injusto e ineficiente, ya que, en muchos casos, el proceso de reclamación cuesta más que el importe reclamado.
Refuerzo a la organización del sistema
El decreto ley flexibiliza la composición de los equipos de valoración de la discapacidad y la dependencia para poder asignar las solicitudes a los equipos en función de las necesidades y la disponibilidad. Esta flexibilización también da respuesta a uno de los principales cuellos de botella, especialmente en el ámbito de la discapacidad, vinculado a la falta de personal para cubrir los perfiles profesionales exigidos por la Ley de la cartera de servicios sociales.
Al mismo tiempo, el decreto permite avanzar en la compartición de la información necesaria para agilizar los procesos de valoración cuando sea posible. Esto incluye informes sociales de la persona, datos económicos de la persona solicitante y convivientes para un cálculo más ágil de la capacidad económica, informes de salud, historia clínica y resultados de los baremos aplicados en dependencia y/o discapacidad, entre otros.
