Recurso de SOS Costa Brava contra la urbanización de la montaña de Sant Sebastià de Llafranc

Los activistas denuncian que el PMU permite levantar viviendas sin evaluación ambiental en un bosque

Bluesky
Muntanya de Sant Sebastià (SOS Costa Brava, Paisatgesverticals.cat)

Zona de la montaña de Sant Sebastià donde el PMU permite levantar ocho viviendas (SOS Costa Brava, Paisatgesverticals.cat)

SOS Costa Brava ha interpuesto un nuevo recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Palafrugell por la aprobación definitiva del Plan de Mejora Urbana (PMU) en la montaña de Sant Sebastià, en Llafranc.

El recurso, presentado este jueves por la federación de entidades y admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impugna que el PMU permita implantar un techo edificable de 2.400 m² destinado a ocho nuevas viviendas, en una zona con fuertes pendientes y un bosque de encinas.

Riesgo sin evaluación

Esta actuación, según las entidades, se ha planeado y aprobado sin ninguna evaluación ambiental, a pesar de la proximidad con el espacio de interés natural de las montañas de Begur, y con un análisis insuficiente de impacto y de integración paisajística.

Además, alertan de que el impacto paisajístico del proyecto es crítico, que hay riesgo de incendio forestal, y que faltan servicios urbanísticos básicos, ya que los terrenos no disponen ni de acceso rodado pavimentado ni de infraestructuras implantadas, y el acceso actual es por un camino de tierra.

Vulneración de planes

Las mismas entidades consideran que la clasificación de los terrenos como suelo urbano es ilegal en estas condiciones, y denuncian que el POUM de Palafrugell no se ha adaptado todavía al plan director urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles del litoral gerundense, a pesar de la obligación de hacerlo. En este sentido, también señalan que el PMU vulnera los parámetros del PDU al permitir fachadas de hasta 28 metros, superando el límite, establecido en los 22 metros.

Al mismo tiempo, SOS Costa Brava defiende que todas estas actuaciones se han llevado a cabo a pesar de la existencia de una moratoria urbanística que habría permitido revisar el planeamiento y preservar estos espacios, y sin hacer caso de las demandas de desclasificación impulsadas por las entidades ecologistas.

 

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