El Gobierno catalán ha presentado una reforma del régimen sancionador para combatir el vandalismo en las instalaciones ferroviarias y elevará hasta 900.000 euros las multas por las infracciones más graves. La proposición de ley impulsada por el grupo de los socialistas considera que las conductas incívicas en Rodalies de Catalunya se han convertido en un problema «tan visible como preocupante». Según Renfe, la limpieza de trenes costó 11,6 millones de euros en 2023 —unos 32.000 euros diarios— y se registraron 2.300 intrusiones de grafiteros, con 7.500 horas de trabajo para eliminar pintadas que cubrían más de 70.000 metros cuadrados.
La reforma de la ley 4/2006 tipificará como infracciones graves todas las acciones que deterioren o modifiquen instalaciones ferroviarias o material rodante, incluidas las pintadas que obliguen a detener parcial o totalmente el servicio. Estas infracciones comportarán multas de entre 18.000 y 90.000 euros, mientras que las consideradas muy graves —como daños que afecten al funcionamiento del servicio— se elevarán hasta los 900.000 euros. Las sanciones leves podrán comportar una advertencia, una multa de hasta 18.000 euros, o ambas cosas.
La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, defiende que el mensaje es el de la «no impunidad» y asegura que los actos vandálicos son responsables de un porcentaje significativo de incidencias que afectan a un servicio esencial. Paneque afirma que la reforma «da cumplimiento» al compromiso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que la tramitación se hará por lectura única para aplicar los cambios antes del verano. El objetivo es reducir costes, mejorar la seguridad y proteger un servicio público que, según el Gobierno catalán, sufre un impacto creciente por la actividad de los grafiteros.
