El Tribunal Supremo ha empezado a juzgar este martes al exministro socialista José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia de la covid-19 por parte del Ministerio de Transportes.
En la primera sesión del juicio, Víctor Manuel Ábalos, hijo del exministro, ha negado haber «custodiado» dinero de su padre, y ha dicho que nunca ha hablado «en clave» o a través de mensajes encriptados con el exasesor Koldo García. Además, ha asegurado que la situación económica de su padre es «lamentable», que el dinero que ha prestado a su padre lo ha obtenido de su trabajo como consultor e intermediario con empresas colombianas, y que es suyo.
Antes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, que eran presidentes de Baleares y Canarias durante la pandemia, respectivamente, han asegurado en una declaración por escrito que no dieron órdenes para comprar mascarillas a la empresa de Aldama.
La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 24 años para el exministro y 19 y medio para su asesor por delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental y prevaricación. Para Aldama solicita 7 años de prisión. Tanto Ábalos como García, en prisión provisional desde noviembre, y también Aldama, declararán al final del juicio, el 28 de abril.
La Fiscalía señala comisiones
Anticorrupción sostiene que Ábalos y Koldo García habrían recibido contraprestaciones para favorecer la adjudicación de contratos públicos a una empresa vinculada a Aldama. Éste obtenía comisiones por cada contrato conseguido, que luego repartía parcialmente entre ambos. Solo con dos contratos, el ministerio habría generado un beneficio de 3,7 millones de euros. Según el escrito, este sistema habría funcionado de manera continuada dentro de empresas y organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
Para canalizar estos pagos, el empresario habría utilizado varias fórmulas, como un contrato de alquiler de un piso a favor de Ábalos con condiciones muy por debajo del mercado, que en realidad actuaría como garantía de cobro de comisiones. También se habrían efectuado pagos mensuales en metálico a Koldo para repartir, y el pago del alquiler de un piso para una pareja del ministro durante más de dos años. Además, la Fiscalía apunta que otras autoridades y funcionarios habrían colaborado en algunos contratos, aunque no están formalmente investigados.
El PP pide 30 años de cárcel
El PP, que ejerce de acusación popular en este caso, pide 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo García y 7 para Aldama, penas superiores a las que reclama el Ministerio Público. En el escrito, los populares también plantearon peticiones para hacer testificar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la exvicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero, pero fueron denegadas.
